Pedro Sánchez no ejecuta obras para llevar agua a Doñana

El BOE publicó el 6 de diciembre de 2018 la Ley 10/2018 sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. El texto estaba firmado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que había accedido al cargo en junio de ese año tras triunfar la moción de censura presentada contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Casi cinco años después, la realidad es que esa ley no se ha cumplido en su integridad y las obras comprometidas para garantizar la llegada de agua en superficie al entorno de Doñana no se han ejecutado.

La ley del trasvase concitó un amplio apoyo parlamentario. Fue aprobada en el parlamento andaluz en septiembre de 2017 con el voto afirmativo de PSOE, PP y Ciudadanos y posteriormente fue remitida al Senado, donde contó de nuevo con el respaldo de los mismos grupos políticos. Los sucesivos Gobiernos de Sánchez han sido los encargados de desarrollarla, compromiso que no han respetado.

El texto de esta ley resume la polémica que existe en el Parque Nacional de Doñana. En el mismo se señala que «la presente ley se fundamenta en las necesidades de recursos hídricos en la zona suroriental de la provincia de Huelva, en la comarca del Condado, que se encuentra en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y en el ámbito de influencia del espacio natural protegido de Doñana, con el objetivo ambiental de preservar el equilibrio del acuífero y de los ecosistemas asociados al mismo».

El objetivo del trasvase era sustituir las zonas regables que se abastecen directamente del acuífero de Doñana por agua superficial que llegaría desde la cuenca del río Tinto, Odiel y Piedras, una de las pocas zonas de Andalucía que históricamente ha presentado excedentes hídricos.

Para llevar agua desde un sitio a otro, la ley del trasvase incluía una serie de obras, detalladas en el Anexo 1 y que fueron declaradas de Interés General del Estado. Entre ellas, la más importante era el Desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la conducción entre la cuenca del Guadiana y la del Piedras. Sin embargo, la realidad es que la obra no avanza. El actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico anunció la aprobación del contrato para esta infraestructura en octubre de 2022 y admitió entonces que se trataba de «un proyecto clave» para el abastecimiento del Condado de Huelva, «así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar recursos a usos industriales, facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana».

Hay que señalar que en el entorno de este espacio natural existe una de las explotaciones agrícolas de frutos rojos más importantes del mundo. Parte de estas tierras de cultivo, respaldadas por una normativa de 2014, cuentan con concesiones de agua. Otras zonas, alejadas del Parque, pero en pueblos del entorno, quedaron al margen por distintos motivos. Estas últimas son las que quiere incluir el actual Gobierno andaluz en la proposición de ley que se tramita en el Parlamento autonómico, tierras que solo podrían recibir agua en superficie del citado trasvase y nunca del acuífero de Doñana que está sobreexplotado, causa de que las lagunas se estén secando.

Esta decisión ha generado un choque frontal entre los Ejecutivos central y autonómico. En el Gobierno andaluz existe el convencimiento de que el Gobierno de España presiona a la Unión Europea para que frene este plan.

La realidad es que Bruselas sigue muy de cerca la evolución del parque de Doñana. En el año 2021 el Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a nuestro país por incumplir la legislación medioambiental sobre este humedal y en julio de 2022 la Comisión envió una carta en la que pedía a España que tomara medidas acordes con este fallo.

El portavoz de la Comisión Europea, Tim McPhie, recordó ayer que la normativa comunitaria exige un «uso sostenible de los recursos naturales, lo que incluye el agua en particular y que las actividades económicas sean compatibles con la conversación de los espacios de la red Natura 2000». Los servicios comunitarios enviaron una carta el 21 de marzo en la que advertían de que la regularización de los regadíos supone una «flagrante violación» de la sentencia de la justicia europea y están estudiando actualmente las observaciones presentadas por la justicia española, informa Mirentxu Arroqui desde Bruselas.

Aunque el portavoz ha sido prudente a la hora de vaticinar posibles sanciones, ha asegurado que «si es necesario la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana». A pesar de que la Comisión Europea no quiera adelantar acontecimientos, la normativa comunitaria permite amenazar a un país con una multa diaria hasta que obedezca las sentencias del alto tribunal europeo.