Seguridad jurídica. El sector turístico quiere blindar su imagen como destino fiable y solvente. La vivienda turística, lejos de plegarse ante el debate regulatorio, reivindica su papel económico y su voluntad de colaboración institucional en un contexto de demonización permanente. La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) defiende la necesidad de «reforzar la confianza en el destino seguro» con reglas claras, seguridad jurídica y la lucha efectiva contra la oferta ilegal. Con la actual normativa, este mes alrededor del 85% de la oferta no podrá operar ante lo que la patronal considera un muro normativo.

Avvapro alerta de que más de 80.000 viviendas turísticas con licencia legal no han podido completar los dos procesos obligatorios del Registro Único: el registro inicial y el depósito de contratos de 2025 (modelo N2). Este 2 de marzo finalizó el plazo para cumplimentar este depósito, evidenciando que el sistema se ha convertido en una barrera burocrática «insalvable» para el sector.

Según los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía, INE (Estadística Experimental) y Registro Único de Alojamientos (NRUA), de las 153.517 viviendas con licencia vigente, solo 67.106 han obtenido el número de Registro (43%), y de estas, únicamente el 40% ha presentado el modelo N2. Esto deja un escaso 17,2% con el trámite completo, lo que supone que cerca del 85% –el 82,8– no cumple con la normativa a escasas semanas de la temporada alta de algunas capitales como Sevilla con la Semana Santa y la Feria.

A partir de marzo, solo esa mínima parte del sector podría operar en plataformas, mientras más del 80% afronta la retirada de su registro, con graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales para miles de familias y profesionales. El colapso afecta a toda Andalucía La provincia con mayor volumen (87.370 licencias) solo tiene 36.939 registros completados (42,3%). En Sevilla, de 11.335 VUT legales, 6.689 han completado el registro (59%). Granada: de 9.558 alojamientos autorizados, hay 6.270 en el registro (65,6%). Almería: 12.859 licencias frente a 5.013 registros (39,0% de VUT). Córdoba: 3.696 viviendas con licencia frente a 2.434 registradas (66%). Huelva: de 4.235 alojamientos legales, sólo 1.437 están registrados (34%). Cádiz: de 23.497 viviendas legales, apenas 7.306 están en el sistema (31,1%). Por último, Jaén: de 927 viviendas legales, 1.018 están en el sistema.

El «muro burocrático» es generalizado en todas las provincias andaluzas y especialmente grave en provincias como Málaga, donde más de la mitad de las viviendas legales están fuera del registro; en Cádiz, solo una de cada tres viviendas han podido registrarse, o Huelva, donde solo una de cada tres lo ha conseguido pese a cumplir todos los requisitos legales, señala la patronal. Los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas –en su mayoría segundas residencias de familias locales– representan la principal fuente de ingresos.

En Cádiz, destacan casos como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%) o Conil de la Frontera (31%). En Huelva, municipios como Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%) y Lepe (24%) presentan porcentajes bajísimos. En Málaga, localidades de la costa como Benahavís y Benalmádena sólo alcanzan el 25%. Estos núcleos registran porcentajes ínfimos de cumplimiento que amenazan con paralizar completamente su actividad turística. Desde Avvapro reiteran la necesidad de prorrogar el plazo de depósito de contratos correspondientes a 2025, ante la evidente saturación del sistema administrativo: «Estamos hablando de 86.411 alojamientos turísticos, que cuentan con todas las licencias en regla, que cumplen la normativa y que, por un atasco burocrático, van a quedar fuera del sistema», señala la asociación. De manera general, los bajos porcentajes de inscripción amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía, atrayendo visitantes todo el año y generando empleo estable en municipios pequeños.

La contribución de las viviendas turísticas –recuerdan– es esencial. En Andalucía, las VUT dinamizan el 10-15% del PIB turístico regional, y su exclusión del sistema podría suponer la pérdida de miles de empleos y un impacto muy grave en la sostenibilidad rural. Por ello, la entidad exige al Gobierno una prórroga, ya que «si se mantienen los plazos actuales sin una ampliación extraordinaria, las cifras disponibles anticipan un impacto crítico sobre la operatividad del sector. El propio consejero Arturo Bernal ya advirtió en su momento que el registro impuesto por el Gobierno central «sólo genera caos».