El Tribunal Supremo ha propinado un severo revés judicial al gigante del sector cárnico catalán Vall Companys. El Alto Tribunal ha sentenciado la existencia de 675 "falsos autónomos" en la planta de Cárnicas Cinco Villas, ubicada en el matadero de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), desmantelando así la tesis de la defensa que había prevalecido en instancias inferiores. El fallo confirma que la mercantil se sirvió de una arquitectura fraudulenta para eludir la contratación directa de la plantilla, abocando al grupo a sufragar una factura millonaria en cotizaciones atrasadas para regularizar un lustro de irregularidades laborales.

La Sala de lo Social no ha dejado margen a la interpretación al determinar que la cooperativa Copergo operó en "fraude de ley". Su cometido se limitaba estrictamente al suministro de mano de obra para el despiece y expedición porcino, careciendo de infraestructura propia, lo que evidencia que la relación laboral efectiva era con la matriz. Según se desprende de la resolución, la plantilla percibía entre 9 y 14,5 euros por hora —con netos mensuales de hasta 1.600 euros— pero sin derecho a pagas extraordinarias ni vacaciones retribuidas.

El impacto podría ser mayor en la factura final

Desde el grupo cárnico sostienen que el Tribunal Supremo ha variado su criterio desde una «perspectiva técnica» respecto a resoluciones anteriores y anuncian acciones por la vía contencioso-administrativa. Pese al revés judicial, la compañía defiende que la actividad en la planta aragonesa está normalizada desde 2019 tras un pacto sindical que integró a los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, y recuerda que en 2018 ya afrontó una sanción de 2,7 millones de euros por un caso similar que afectó a casi trescientos operarios.

No obstante, el impacto económico podría aumentar, ya que sigue pendiente una reclamación sobre el denominado "periodo intermedio", comprendido entre el fin de las prácticas en marzo de 2019 y la firma efectiva del acuerdo con los sindicatos. Aunque la empresa aplicó durante esa transición retenciones propias del régimen general, la resolución de este último punto podría elevar aún más el coste de un conflicto laboral que ha marcado la crónica judicial en Aragón.