“Responsabilidad, anticipación y soluciones”. Así resumió hoy el vocal del Círculo Empresarial Leonés y presidente de la Asociación de Concesionarios de León, Roberto Rodríguez, el llamamiento que hacen a las administraciones para hacer frente a las consecuencias de la subida del precio del combustible provocada por la guerra en Irán.

No hay que esperar, dijo, a que el el problema sea irreversible. “Si el transportistas se debilita, se debilita toda la economía y se encarecen los costes de movilidad; no es un sector más” subrayó y recordó que en provincias como León el transporte por carretera tiene un papel fundamental para conectar servicios y mercados, por lo que también se pide “medidas temporales de apoyo realistas y proporcionadas” que tengan en cuenta la realidad específica de los territorios.

“Queremos trasladar un mensaje de responsabilidad y firmeza. Proteger el transporte es proteger la economía”, remarcó y recordó que la situación también afecta a la movilidad de particulares y profesionales. “Cuando sube de forma intensa el precio del combustible no solo lo nota el transportista sino los autónomos, pequeños empresarios y ciudadanos. Lo que hoy golpea al transporte, termina afectando a la movilidad de los ciudadanos”, señaló. Entre las peticiones planteadas está la de que se cumpla la revisión obligatoria de los precios del transporte, “que se aplique de verdad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte (Altradime), Pablo Lorenzo, cifró el 2.000 euros mensuales el incremento del precio del combustible que afrontan los transportistas. En la provincia leonesa, señaló, el sector está muy atomizado y hay unos 3.200 autónomos y pequeñas empresas y de esa división, dijo, se aprovecha el cliente.

“Tendrán que dar explicaciones las petroleras y las gasolineras, que cuando tenían los depósitos llenos ya subieron los precios”, reprochó antes de señalar que el gran beneficiado de la situación es el Gobierno, por la recaudación que crece de un impuesto que es progresivo.

Después de que Portugal y Francia ya hayan tomado medidas, mientras en España “no se ha hecho nada todavía”, plantean una bonificación similar a la que se aplicó en 2022 a consecuencia de la la guerra de Ucrania de 0,20 céntimos por litro. “Que no tengamos que ‘explotar’ a nuestros clientes.

Para poder pagar hay que cobrar y si los clientes no aceptan la subida de precios habrá que parar”, apuntó y pidió a las empresas “que entiendan la situación y que la única manera de sobrevivir es repercutir esta subida”.