Mañueco, sobre el aval del TC a la aministía: "Es el mayor acto de corrupción política de la democracia"

Finalmente, y como era de esperar, el Tribunal Constitucional ha validado la polémica Ley de Amnistía gracias al voto de los seis magistrados progresistas que han sumado mayoría, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, frente a los cuatro conservadores.

Una decisión que echa por tierra la labor de los jueces y del Tribunal Supremo en su sentencia contra aquellos que dieron el golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, los denominados líderes del "Procés", algunos de los cuales pisaron la cárcel durante un tiempo. No así Puigdemont, al que la orden nacional de detención y prisión seguirá en vigor pese a la sentencia que declara la medida de gracia conforme a la Carta Magna debido a que el Supremo se niega a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado el líder independentista.

La decisión del Constitucional ha abierto nuevamente la caja de los truenos en el panorama político, entre quienes defienden la amnistía, como es el Gobierno socialista y sus socios, ey entre quienes denuncian que esta decisión es una autoaministía y un hecho intolerable además de una vergúenza, como ha dicho el expresidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, solo para que Sánchez pueda contar con los siete votos de Junts para seguir en La Moncloa.

En el PP también han levantado la voz para arremeter contra este aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amistía. Desde el propio Feijóo, que ha dicho que a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional la amnistía es "ilegal", mientras que desde Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado, contundente, que se trata del "mayor acto de corrupción política” de la democracia. “ Y todo -continuaba- para mantener a Sánchez en La Moncloa”.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a este asunto a través de su perfil personal de "X", donde ha garantizado que Castilla y León “defenderá siempre la igualdad, la libertad y la solidaridad”.

En cuanto a la sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, esta considera que la amnistía como institución es compatible con la Carta Magna, ya que el silencio constitucional sobre esta figura no puede interpretarse como una prohibición, quedando dentro del ámbito de decisión del legislador sin necesidad de habilitación expresa.

No obstante, el Constitucional declara incompatibles con la Carta Magna tres aspectos relacionados con la igualdad de trato, la extensión temporal y los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, a raíz del recurso del Partido Popular.

Además, no ha entrado a dirimir los presentados por las comunidades, entre ellas, Castilla y León que lo presentó el 10 de septiembre de 2024, junto a la recusación del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.

De esta forma, el TC deberá aún pronunciarse sobre la vulneración de 14 artículos de la Constitución que ha observado el Gobierno autonómico, relativos, entre otros aspectos, a la igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas, a la separación de poderes, o a los compromisos adquiridos por el Estado Español a través del Tratado de la Unión Europea.