Desobediencia en la escuela de Canet: 28 familias piden desobedecer la sentencia del 25 % de clases en castellano

Un total de 28 familias de niños de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) han pedido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que revoque las medidas cautelares que obligan al centro a impartir el 25% de las materias en lengua castellana.

Para ello, las familias han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC para incorporarse, como parte afectada, a la causa que está abierta sobre la escolarización de los alumnos de P5 de la escuela, ha afirmado este viernes en rueda de prensa el abogado que representa a los padres, Benet Salellas.

Según el letrado, la respuesta del TSJC sobre si acepta que las familias se personen en la causa “se debe dar en los próximos días”, porque “afecta a medidas cautelares”.

Al respecto, ha considerado que al TSJC “ya le va bien que las familias no estén representadas” porque, de este modo, el debate “se produce solo entre la familia denunciante y la conselleria”, cuando las familias “sufren las consecuencias de la decisión judicial”.

Por su parte, la representante de los padres, Helena Díaz, ha afirmado que las familias han iniciado esta vía judicial porque “nos sentimos parte legítimamente interesada del procedimiento judicial y para revertir las medidas cautelares impuestas”.

Las familias, que representan a 30 alumnos de un total de 49 del grupo de P5, según Helena Díaz, “nos hemos sentido interpeladas a actuar en nombre de nuestros hijos”, ya que “nadie -ha subrayado-, ni la conselleria, ni la familia denunciante, ni el juzgado, ni ningún otro organismo, nos ha permitido defender a nuestros hijos de lo que consideramos una medida arbitraria e injusta”.

Según las 28 familias, la demanda interpuesta por la familia denunciante al pedir escolarización en castellano “tiene un cariz totalmente político” y su objetivo es “atacar el proyecto educativo del centro”, que es “uno de los elementos clave para las familias en el proceso de elección de escuela”.

Además, la demanda “supone un agravio a los derechos educativos y lingüísticos de nuestros hijos e impacta en la igualdad de oportunidades del alumnado”, según Helena Díaz.

Asimismo, las familias han exigido al Govern de la Generalitat que “sea valiente y digno del pueblo catalán” y que “blinde la inmersión lingüística y la escuela catalana”, porque “es el eje de nuestra cultura”, además de “un espacio de encuentro y cohesión social”, y que, “sobre todo, escuche a maestros, pedagogas, educadoras y familias cuando se trate de la educación de nuestros niños, por encima de las razones políticas”.

Las familias han afirmado que en el centro no hay conflictos y la convivencia es normal, y han anunciado que están preparando nuevas movilizaciones de carácter social que están por decidir.

“No nos callaremos ni asumiremos la utilización política de nuestros niños. No podemos tolerar la imposición de unas cautelares que se escapan a todos los criterios pedagógicos y sin argumento lingüístico y social”, han subrayado.

Salellas ha explicado que en el proceso no se ha dado “oportunidad” al resto de familias afectadas por la decisión, ni en el trámite administrativo previo ni ahora en el proceso judicial, y ha considerado que la estrategia de la Generalitat hubiese quedado reforzada con el apoyo de las familias.

Salellas ha subrayado que se quiere discutir jurídicamente qué tiene que pasar con el 25% y “abrir la batalla jurídica a todos los efectos y niveles”, y ha confiado en que el TSJC acepte la personación de este grupo de familias.

El abogado ha explicado que en breve se conocerá si se acepta su personación, en las “próximas semanas o meses” se sabrá la decisión del tribunal sobre la petición de cautelares, y posteriormente se conocerá la sentencia sobre la cuestión de fondo, remarcando que al introducir las familias es una perspectiva diferente.