La escalada del conflicto en Oriente Medio, con la guerra abierta entre Irán e Israel, ya está teniendo efectos económicos a escala global y también en Cataluña. Ante este escenario de incertidumbre, el Govern que preside Salvador Illa ha aprobado este martes un primer paquete de medidas para amortiguar el impacto de la crisis sobre el tejido productivo y la ciudadanía.

El plan, validado por el Consell Executiu y presentado por la portavoz Sílvia Paneque, moviliza hasta 400 millones de euros y nace con vocación de continuidad: estará en marcha “hasta que sea necesario” y podrá ampliarse o adaptarse en función de la evolución del conflicto. El objetivo es doble: proteger a las familias más vulnerables y reforzar la capacidad de resistencia de las empresas en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía, los problemas logísticos y la volatilidad de los mercados.

Sin embargo, el reparto de los recursos refleja una prioridad clara: solo 30 millones de euros —un 7,5% del total— se destinan directamente a las familias, frente al grueso que absorben el tejido empresarial y la transición energética.

El tejido económico, principal destinatario

Más de la mitad del paquete, 216 millones de euros, se dirige a apuntalar el tejido empresarial, con el objetivo de evitar que la guerra erosione la competitividad de las compañías catalanas, especialmente las más expuestas al comercio internacional.

El plan se articula en tres grandes ejes: financiación, ayudas directas y medidas fiscales. En el ámbito financiero, se activan nuevas líneas de crédito impulsadas por el Institut Català de Finances (ICF) y ACCIÓ, como la línea “Lidera internacionalització”, destinada a proyectos de expansión exterior e inversión, o la “Línia Emergències-Orient Mitjà”, con préstamos en condiciones preferentes para autónomos y empresas afectadas. También se reactiva la línea ICF-Agroliquiditat para el sector primario.

Las ayudas directas, condicionadas al mantenimiento del empleo, incluyen el refuerzo de los programas de internacionalización y creación de filiales en el extranjero, subvenciones para la descarbonización industrial y apoyo a empresas exportadoras afectadas por el aumento de costes logísticos o la pérdida de mercancías en tránsito.

Además, se contemplan ayudas específicas para pequeños transportistas, autónomos y explotaciones agrarias por el encarecimiento del combustible, así como medidas para mitigar el aumento del precio de los fertilizantes. El Govern también impulsará campañas para captar inversiones, informes de riesgo para exportadores y canales de atención rápida para resolver incidencias en menos de 48 horas.

En el ámbito fiscal, destaca la exención del impuesto sobre emisiones de CO₂ para vehículos ligeros de transporte de mercancías y una moratoria de nueve meses en las tasas vinculadas a titulaciones de pesca.

Solo 30 millones para las familias

Frente al peso del bloque económico, las medidas dirigidas a las familias cuentan con una dotación mucho más limitada: 30 millones de euros. El objetivo es atender situaciones de vulnerabilidad derivadas del aumento de precios y la presión sobre los ingresos.

El Govern activará una línea específica de ayudas para hogares afectados por la crisis y reforzará, en colaboración con los ayuntamientos, las prestaciones de urgencia social para garantizar el acceso a alimentos y suministros básicos.

También se incluyen medidas indirectas, como el refuerzo del transporte público por carretera ante el previsible aumento de la demanda por el encarecimiento del combustible, y la revisión de los precios del transporte escolar para evitar problemas de adjudicación de cara al próximo curso.

La transición ecológica, eje estratégico

El tercer pilar del plan concentra 154 millones de euros y se centra en acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, uno de los factores más tensionados por el conflicto.

Entre las medidas destacan nuevas líneas de crédito del ICF para proyectos renovables, el refuerzo de la empresa pública energética para impulsar parques fotovoltaicos y la promoción de comunidades energéticas basadas en el autoconsumo. También se apuesta por el desarrollo del biogás y por la simplificación administrativa para facilitar la implantación de instalaciones renovables.

En el ámbito del transporte, el Govern prevé avanzar en la electrificación, desplegar infraestructuras de recarga y reforzar el plan de impulso al vehículo eléctrico. Paralelamente, se hará un seguimiento continuo de la evolución del precio de los combustibles para adaptar las políticas públicas si fuera necesario.

Un plan abierto y en revisión constante

El paquete de 400 millones es, según el ejecutivo catalán, un punto de partida. El acuerdo se ha trabajado con los grupos parlamentarios y agentes sociales, muchas de cuyas aportaciones se han incorporado, y se mantendrá una comisión interdepartamental activa para evaluar el impacto de la crisis.

Además, la Agència Catalana del Consum hará un seguimiento específico de la evolución de los precios y su impacto sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Govern se compromete así a ajustar las medidas a medida que evolucione un conflicto internacional que, por ahora, sigue generando incertidumbre económica.