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Client Challenge

Seguridad sanitaria

Desmanteladas tres clínicas estéticas clandestinas que traficaban con bótox y ácido hialurónica

Los centros ofrecían en domicilios particulares tratamientos sin cualificación profesional ni autorización y con productos sin que no habían pasado ningún control sanitario

La Guardia Civil ha desmantelado tres clínicas estéticas clandestinas, una en la provincia de Tarragona (Reus) y las otras dos en la Comunidad Valenciana (Burjassot y Pilar de la Horadada), y ha desarticulado una red que traficaba con bótox y ácido hialurónico en el marco de la operación Zlata, que por ahora se ha saldado con la detención de una persona y hay otras tres investigadas.

El auge de las clínicas estéticas en España es una realidad y es que cada vez son más las personas que recurren a este tipo de tratamientos, lo cual se ha traducido en un incremento de esta actividad del 200% en la última década. Sin embargo, no todo el mundo puede afrontar el gasto que conlleva inyectarse bótox o recurrir al ácido hialurónico y es ese contexto el que ha servido de caldo de cultivo de clínicas estéticas clandestinas, que ofrecen tratamientos a un precio muy por debajo del mercado pero que no ofrecen ninguna garantía sanitaria.

Ante esta realidad, la Guardia Civil está llevando a cabo una importante labor de ciberpatrullaje para tratar de identificar posibles clínicas estéticas clandestinas que se publicitan a través de las redes y así es como en agosto del 2025, desde la Comandancia de Tarragona, arrancó esta investigación a partir de los reels de Instagram y los vídeos de Facebook que difundía la clínica ubicada en Reus, en los que se podía ver, incluso, cómo llevaban a cabo un tratamiento con un paciente real.

En esas imágenes, los investigadores pudieron apreciar que la actividad se estaba realizando en un domicilio particular y a precios muy por debajo de mercado. "Si en clínicas autorizadas el tratamiento con bótox puede costar unos 600 euros, en las clínicas clandestinas podían estar ofreciéndolos a 150 o 200 euros", explicó en rueda de prensa el Capitán Jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona, David Herreras, quien señaló además que "en esos vídeos exponían el material empleado y, por las cajas de envío en el que se encontraba, pudimos vincular esta clínica a otras dos más, ubicadas en Valencia y Alicante".

A partir de ahí, se contrastaron con el colegio de médicos y el de odontólogos, que son los únicos dos perfiles profesionales que están autorizados a llevar a cabo este tipo de tratamientos, los datos relativos a las personas que aparecían en los vídeos para comprobar que ninguno estaba colegiado, lo que confirmaba que se estaba produciendo un intrusismo laboral.

Las clínicas estéticas clandestinas estaban ubicadas en domicilios particularesGuardia Civil

Fue entonces cuando se procedió a la entrada y registro de las tres clínicas clandestinas, todas ellas ubicadas en domicilios particulares, para comprobar que en la de Alicante, en un anexo al chalet unifamiliar donde la pareja del propietario llevaba a cabo los tratamientos estéticos, había un centro de almacenaje y distribución de medicamentos con capacidad para realizar unos "2.000 envíos al año, el 75% de los cuales tenían como destino algún punto dentro de España y el resto, viajaban a Reino Unido y Lituania", explicó Herreras para a continuación destacar que "incluso contaban con un página web para su venta".

El material lo adquirían en China, fuera de todo control sanitario por parte de la Unión Europea, desde donde lo enviaban a Reino Unido y de allí entraba a España y lo almacenaban en el domicilio de Alicante para su posterior uso y distribución.

Un riesgo para la salud

"En la clínica clandestina de Alicante encontramos 1.200 viales de toxina botulínica, cuando para el funcionamiento de una clínica al uso se necesitan 3 o 4 viales", explicaba Herreras, quien destaca que esta forma de operar, importando el producto desde China sin ningún tipo de control y trazabilidad, no cuenta con ninguna garantía sanitaria y eso, unido a al hecho de que el tratamiento era llevado a cabo por personas sin titulación y no cualificadas para ello generaba un riesgo directo para la salud de los usurarios.

"El bótox es una sustancia venenosa producida por un bacteria y si este no cumple las garantías sanitarias, se inyecta en una zona que no es adecuada o en una dosis excesiva y todo ello se lleva a cabo en un entorno que no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias se pueden producir desde infecciones y reacciones adversas, así como secuelas permanentes como parálisis", indicaba Herreras, por no mencionar que, en caso de producirse alguna complicación médica, quienes llevaban a cabo estos tratamientos no disponían de la formación y los conocimientos necesarios para reaccionar adecuadamente.

Así las cosas, entre el 8 y 9 de abril se procedió a la detención de un individuo de origen lituano, que se presume que era quien dirigía la red criminal desde Alicante, mientras que otras tres personas, también de origen lituano y ruso, están siendo investigadas por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional. Además, se incautaron 1.248 viales de toxina botulínica, 382 jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, 269 viales de hialuronidasas, 51 envases de lidocaína, 679 envases de productos sanitarios diversos y más de mil agujas y jeringuillas, así como 4.500 euros en efectivo.

La investigación sigue abierta y, en el marco de la misma, se va a estudiar el enriquecimiento partimonial de las personas vinculadas para comprobar si, además, ha existido un delito de blanqueo de dinero, porque ninguno de los centros desmantelados estaba registrado como empresa ni sus propietarios estaban dados de alta como autónomos . Asimismo, se va a valorar si pudiera haber otras clínicas estéticas clandestinas involucradas en la red criminal. Por lo tanto, la Guardia Civil hace un llamamiento a todos aquellos usuarios de estos centros que puedan aportar datos a la causa judicial.