La extrema izquierda independentista presenta un decálogo para exterminar el castellano en Cataluña

La formación separatista y antisistema de la CUP han presentado este pasado lunes un decálogo de medidas para arrinconar el castellano de Cataluña, y que formará parte de su programa electoral con el que concurrirán a las elecciones del próximo 12 de mayo.

Entre las medidas se encuentra acabar con el castellano como lengua vehicular en las escuelas. Otro de los puntos en materia lingüística sería crear una "conselleria de la Lengua", que tuviera “recursos” para poder gastar en imponer el monolingüismo.

También se pretende fomentar el catalán y las buenas prácticas lingüísticas de empresas, entidades y otras institucionescon cláusulas lingüísticas en contrataciones y subvenciones de la Generalitat. O lo que es lo mismo, recibirás una subvención pública o trabajarás con la administración si lo haces en catalán.

"Ante quienes quieren dividir nuestro pueblo por razón de origen y de lengua, la CUP venimos a hacer políticas ofensivas para garantizar el derecho a aprender, hablar y vivir en catalán. Porque entendemos el catalán como un derecho no sólo de los catalanohablantes, sino de todo el pueblo”, ha defendido la número dos de la CUP por Barcelona, Laure Vega. Entre las diez medidas propuestas destacan dos: la derogación de la normativa que hizo el castellano lengua vehicular en la escuela y la creación de una agencia pública de traducción y doblaje en catalán de productos audiovisuales y recursos educativos.

El primer punto del decálogo es la “derogación de la ley que certifica el fin de la inmersión lingüística en el sistema educativo”, en referencia a la ley que el PSC, ERC, Junts y los comunes aprobaron en respuesta a la sentencia que imponía el 25% del castellano en las aulas. La modificación consiste en reconocer que el castellano también puede ser usado como lengua de enseñanza fuera de la asignatura de lengua castellana y que debe tener una presencia garantizada, sin hablar de porcentajes. Y que la forma de hacerlo deberá determinarlo cada centro en su proyecto lingüístico, el cual debe tener en cuenta la realidad sociolingüística del entorno. Este enero la CUP presentó una proposición de ley que pedía que el catalán fuera la única lengua vehicular y de aprendizaje en los centros públicos y en los centros privados sostenidos con fondos públicos, pero no recibió el apoyo de ningún otro grupo político.