La ley contra la multirreincidencia de Junts entra en vigor: así impactará en Cataluña, la zona más castigada de España

Cataluña encadena dos años de descenso sostenido de la delincuencia, según todos los datos. Los datos reflejan una tendencia a la baja tanto en el conjunto del territorio como en Barcelona y en numerosos municipios del área metropolitana. Buena parte de esta evolución se atribuye al giro en materia de seguridad impulsado por el Govern del PSC, que ha situado la lucha contra la multirreincidencia como una prioridad política y policial.

El Plan Kanpai, diseñado específicamente para combatir a los delincuentes habituales, ha reforzado la coordinación entre Mossos d’Esquadra, policías locales y judicatura, intensificando la presión sobre quienes acumulan decenas de detenciones por hurtos y robos. El resultado ha sido una reducción progresiva de los delitos contra el patrimonio y una mayor presencia policial en puntos calientes, especialmente en el entorno metropolitano de Barcelona.

Sin embargo, la multirreincidencia sigue siendo la gran asignatura pendiente. En noviembre, los Mossos d’Esquadra tenían identificados a unos 4.000 delincuentes multirreincidentes en Cataluña. Muchos de ellos acumulan tres o más condenas firmes y decenas de antecedentes. La policía los detiene de forma reiterada, pero el marco legal vigente hasta ahora hacía que, en numerosos casos, quedaran en libertad poco después. Aunque algunos son expulsados de España, otros regresan a la calle y reinciden.

Ley de Junts

Esta sensación de impunidad ha alimentado el malestar social en barrios especialmente castigados por los hurtos, como el centro de Barcelona o determinadas zonas del arco metropolitano. En este contexto, formaciones como Aliança Catalana han experimentado un notable crecimiento, capitalizando el discurso de mano dura contra la delincuencia. Junts per Catalunya, por su parte, ha endurecido su perfil en materia de seguridad y decidió hace dos años dar un paso al frente registrando en el Congreso una proposición de ley para combatir la multirreincidencia. Una ley que el pleno del Congreso aprobó gracias a un bloque poco habitual: Junts, PP, PSOE, Vox y PNV y que, a partir de este jueves, ya ha entrado en vigor.

¿Qué implica la ley?

Hasta ahora, el Código Penal de España establecía una diferencia clave en función del valor de lo robado: por debajo de 400 euros, la mayoría de hurtos se castigaban con penas leves o multas. Esto permitía que muchos delincuentes reincidentes encadenaran decenas de detenciones sin consecuencias penales efectivas. La nueva ley rompe ese esquema. A partir de ahora, cualquier persona con tres condenas previas —aunque sean por delitos leves y sin importar la cuantía sustraída— podrá enfrentarse a penas de entre seis y dieciocho meses de prisión. Este mismo criterio se aplica también a los delitos de estafa, ampliando el alcance de la reforma.

Además, se introduce un tipo agravado específico para el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales, uno de los delitos más frecuentes en las grandes ciudades. En estos casos, las penas se elevan a entre uno y tres años de cárcel, reforzando la protección de un bien especialmente sensible por la información que contiene.

Otro cambio relevante afecta a la suspensión de las penas. Hasta ahora, las condenas inferiores a dos años podían evitar el ingreso en prisión si se cumplían ciertos requisitos. Con la nueva normativa, los multirreincidentes quedan fuera de este beneficio, lo que implica que quienes acumulen tres o más delitos de hurto no podrán eludir la cárcel.

La reforma también introduce modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que los ayuntamientos ejerzan la acusación penal en casos de hurto, y amplía la capacidad de los jueces para imponer restricciones de acceso a determinadas zonas. A ello se suma la tipificación del llamado “petaqueo” —el suministro de combustible a narcolanchas— con penas de hasta cinco años de prisión, así como nuevas sanciones contra el fraude eléctrico vinculado al cultivo de drogas.

La ley, en clave catalana

La norma nace en un contexto de creciente preocupación social, especialmente en Cataluña. Registrada en marzo de 2024 por Junts, la proposición de ley permaneció más de un año bloqueada por las reticencias de los socios de izquierda del Gobierno de Pedro Sánchez. Su desbloqueo llegó tras la ruptura entre Junts y el ejecutivo y la mediación del PNV, que reactivó una iniciativa que también formaba parte de los compromisos políticos adquiridos entre socialistas y posconvergentes.

El impulso definitivo no fue solo parlamentario. Alcaldes de distintos signos políticos, especialmente del área metropolitana de Barcelona, presionaron durante meses para endurecer la legislación ante el impacto directo de la multirreincidencia en la convivencia, el comercio y la seguridad urbana.

En la última década, ciudades como Barcelona han concentrado un elevado número de hurtos, muchos de ellos protagonizados por delincuentes habituales con amplios historiales policiales. Pese a que los datos recientes apuntan a un descenso sostenido de la delincuencia, las autoridades reconocen que el problema está lejos de resolverse. Los Mossos d'Esquadra tienen identificados a miles de multirreincidentes que acumulan decenas de detenciones. Hasta ahora, el marco legal limitaba la eficacia de la acción policial: muchos de estos delincuentes eran arrestados de forma reiterada, pero volvían a la calle en poco tiempo.

En paralelo, el Govern ha impulsado estrategias como el Plan Kanpai, centrado en reforzar la coordinación policial y judicial y aumentar la presión sobre los delincuentes habituales. La nueva ley pretende completar ese enfoque: combinar más presencia policial con consecuencias penales efectivas.

Junts confía en que este desbloqueo facilite también la activación de otra iniciativa pactada con el PSOE y aún pendiente: una ley contra las ocupaciones que permitiría desalojar en 48 horas a quienes no acrediten contrato o título de propiedad, una propuesta elaborada con el asesoramiento del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona y también respaldada por alcaldes metropolitanos del PSC.