Limpiar los grafitis de Rodalies cuesta millones en Cataluña: descubre cuánto

El coste de limpiar grafitis en los trenes de Rodalies se ha convertido en uno de los argumentos centrales del nuevo endurecimiento legal que impulsa el Parlament de Catalunya. La cámara ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación por lectura única de una proposición de ley que busca castigar con mayor dureza las pintadas en infraestructuras ferroviarias, en un contexto marcado por el elevado gasto público que generan.

Según recoge la propia iniciativa, basada en datos de Renfe, Cataluña destinó en 2023 un total de 11,6 millones de euros a la limpieza de grafitis en trenes, lo que equivale a unos 32.000 euros diarios. La cifra representa cerca de la mitad de todo el gasto del Estado en esta materia y pone de relieve el impacto directo que estas acciones tienen sobre los recursos públicos.

Con este telón de fondo, la propuesta impulsada por el grupo socialista plantea modificar la Ley ferroviaria 4/2006 para ampliar y concretar las conductas sancionables. A partir de ahora, se considerarán infracciones acciones como destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier elemento del servicio ferroviario, incluyendo tanto las instalaciones como el material rodante. Además, se tipifican de forma explícita los grafitis y pintadas en trenes y espacios ferroviarios.

Nuevas sanciones

El otro gran eje de la reforma es el aumento de las sanciones. El texto prevé triplicar los importes actuales y establecer tres niveles de infracción: las leves podrán suponer desde una advertencia hasta multas de 18.000 euros; las graves oscilarán entre 18.001 y 90.000 euros; y las muy graves podrán alcanzar entre 90.001 y 900.000 euros, en función de los daños ocasionados.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de la mayoría parlamentaria: todos los grupos han votado a favor salvo la CUP, que se ha opuesto, y los Comuns, que se han abstenido. Tras este primer trámite, se abre ahora un periodo de enmiendas antes de su aprobación definitiva en el pleno.

Durante el debate, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha reconocido que los grafitis suponen un problema real, pero ha criticado que se sitúen en el centro del debate político. A su juicio, los fallos estructurales del servicio ferroviario tienen un impacto mayor sobre los usuarios, incluyendo incidencias que han provocado la supresión de trayectos. En este sentido, ha acusado a los gestores ferroviarios de utilizar a los grafiteros como “chivo expiatorio” para desviar la atención.

Cornellà también ha cuestionado la eficacia del endurecimiento de las sanciones y ha planteado abordar otras causas de las incidencias, como la caída de árboles en las vías. Asimismo, ha propuesto facilitar que Adif pueda actuar de forma preventiva fuera del dominio público sin necesidad de permisos, y ha reclamado que la misma exigencia que se quiere aplicar a los autores de pintadas se extienda a los responsables de la gestión ferroviaria.