Cruzada de Vox contra las ayudas al alquiler de hasta 900 euros para inmigrantes ilegales: ¿Y los españoles qué?

La cruzada de Vox contra la inmigración ilegal y sus "privilegios" tiene un nuevo objetivo: las ayudas destinadas al pago del alquiler para aquellos inmigrantes en situación ilegal que pasan a la denominada "fase de autonomía". En concreto, se refiere a aquellos solicitantes o beneficiarios de asilo que ya han superado una fase previa de acogida en centros y ahora cuentan con "habilidades para vivir de forma independiente en la sociedad", según señalan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para ellos, el Gobierno de Pedro Sánchez contempla ayudas para el pago del alquiler que van desde los 445 hasta los 923 euros, en función del número de personas que vayan a residir en esa vivienda. Asimismo, también pueden solicitar otras coberturas, como el abono de una fianza equivalente a dos mensualidades y un seguro de alquiler. Los beneficiarios podrán solicitar estas ayudas por un tiempo máximo de seis meses, prorrogable seis más, en función de su vulnerabilidad. Sin embargo, hay que señalar que estas ayudas, recibidas en el marco del sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, son incompatibles con las de "subsistencia" ofrecidas por otras administraciones.

En este punto, la formación que lidera Santiago Abascal tira de política de vivienda, o mejor dicho, de la ausencia de ella para reprochar al Ejecutivo el abandono de los españoles. "¿Por qué motivo financia el Ejecutivo políticas de vivienda favorables a los inmigrantes cuando la mayoría de los españoles, especialmente los más jóvenes, son incapaces de acceder a una vivienda?", recrimina Vox en una pregunta parlamanteria registrada en el Congreso de los Diputados. Porque, a juicio de esta formación, Sánchez "prioriza el acceso a la vivienda a los extranjeros" y se pregunta "qué medidas de urgencia tomará el Ejecutivo para acabar con esta situación".

¿A cuánto ascienden las ayudas?

El sistema de acogida también incluye ayudas para la manutención, necesidades básicas, gastos personales, prestaciones puntuales para sanidad, formación, transporte o incluso ayudas por nacimiento... lo que elevaría aún más la cantidad percibida por los beneficiarios. Por ello, Vox interpela al Gobierno por escrito para conocer de primera mano "a cuánto asciende el presupuesto total que ha destinado el Gobierno a políticas de vivienda para personas inmigrantes, ya sea gestionándolo directamente o a través de ONG".

Si bien los inmigrantes que se encuentran en "fase de autonomía" nada tienen que ver con los que solicitarán la regularización en nuestro país en las próximas semanas, la formación de Abascal mantiene que los españoles deben tener prioridad en el acceso a ayudas sociales. Así lo manifestó hace apenas unos días el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, quien insistió en que mientras existan españoles con necesidades básicas sin atender, la administración debe orientar los recursos hacia ellos antes que hacia personas procedentes de otros países.

"Primero los de casa"

Sin embargo, hay que señalar que la vivienda no es el único caballo de batalla de Vox contra la inmigración ilegal. El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal. El decreto determina que para acceder a los servicios sanitarios será necesaria una "declaración responsable" por parte de la persona que lo solicita, en la que debe acreditar que no dispone de cobertura sanitaria por ninguna otra vía. En ese momento, recibirá un documento provisional que le permitirá acceder de forma inmediata a la asistencia en todas las comunidades autónomas.

Una medida que, a juicio de Vox, supone no solo un "agravio" para los españoles sino que provoca un "efecto llamada". El propio Abascal reivindicó la "prioridad nacional" y manifestó que "España no puede ser el hospital del mundo entero". Además, el real decreto flexibiliza los requisitos para demostrar la residencia en España, aceptando no solo el empadronamiento, sino también certificados escolares, informes de servicios sociales o facturas de suministros.

Y en esta línea de pensamiento, Vox ponía en marcha hace apenas una semana una nueva ofensiva política en Cataluña con la que busca situar en el centro del debate cuestiones como la prioridad de acceso a las ayudas sociales, la vivienda o la seguridad. ¿El lema? "Primero los de casa". Un planteamiento que no se circunscribe únicamente al ámbito catalán, sino que también está sobre la mesa en las negociaciones políticas que Vox mantiene en otras comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Castilla y León.