La crisis del PSC en Ripoll ha alcanzado su punto culminante. La Federación de las Comarcas Gerundenses ha decidido disolver la agrupación local del partido, tal y como ha informado el partido en un comunicado, y asumir el control mediante una comisión gestora, una medida excepcional con la que busca reconducir una situación que ha derivado en una profunda fractura interna y en un vacío de liderazgo a poco más de un año del final del mandato.

La decisión llega después de que los dos concejales socialistas en el Ayuntamiento, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieran sus cargos a disposición del partido tras facilitar, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. La federación ha asumido la gestión del proceso y ha aceptado sus dimisiones, subrayando que era su competencia tomar la decisión una vez los ediles ofrecieron su renuncia.

Desde el PSC insisten en que no hay ningún principio por encima de evitar acuerdos o cualquier tipo de colaboración con la "extrema derecha". Esta “línea roja”, que el partido considera innegociable en toda Cataluña, ha sido determinante para forzar la salida de los concejales. La dirección nacional, además, ha valorado positivamente que ambos reconocieran su “error”, en una lectura compartida por el conjunto de los socialistas gerundenses.

Sin embargo, lejos de cerrar la crisis, las decisiones adoptadas han agravado el conflicto. Pérez y Avilés han denunciado que su cese fue “unilateral” y han negado incluso la existencia de la reunión que el partido asegura haber mantenido con ellos, sosteniendo que conocieron la decisión a través de los medios. El PSC mantiene la versión contraria y asegura que sí hubo un encuentro con la ejecutiva nacional, la federación y el grupo municipal.

La tensión interna se ha trasladado también al terreno orgánico. Los concejales salientes aseguran que la agrupación local no comparte la decisión de la dirección y hablan de un “desacuerdo absoluto”. A ello se suma un obstáculo mayor: ningún miembro de la candidatura estaría dispuesto a asumir el relevo en el consistorio, lo que complica la recomposición del grupo municipal.

Ante este escenario, la federación ha optado por una intervención directa: disolver la estructura local y constituir una comisión gestora que tome las riendas del partido en Ripoll. El PSC, por ahora, no ha detallado cómo piensa superar la crisis y se limita a apuntar que trabaja en un “proyecto alternativo de progreso” para el Ayuntamiento.

La crisis tiene su origen en el pleno municipal de la semana pasada. En esa sesión, los dos concejales socialistas optaron por abstenerse en la votación de los presupuestos, una decisión que resultó clave para su aprobación. Las cuentas salieron adelante gracias a los votos favorables de Aliança Catalana y el apoyo de una agrupación independiente, pese al rechazo del resto de grupos de la oposición —Junts, ERC y la CUP—.

La reacción del PSC fue inmediata. Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como la portavoz del partido, Lluïsa Moret, marcaron distancias con la decisión del grupo municipal y reiteraron que no existe margen para ningún tipo de acuerdo con formaciones de extrema derecha. Un mensaje que el Govern ha reforzado en los últimos días, con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, advirtiendo de que Aliança Catalana es una “línea roja conocida” y que la consigna para todos los cargos municipales es el bloqueo a sus iniciativas.

Inicialmente, Pérez y Avilés defendieron su abstención como un intento de evitar una nueva crisis institucional en Ripoll. Argumentaban que tumbar los presupuestos habría abocado al municipio a otra cuestión de confianza y a un escenario de bloqueo político. Sin embargo, ante la presión del partido, acabaron admitiendo que no habían valorado suficientemente el principio de no colaborar con la extrema derecha, que calificaron como superior a su intención inicial.