El Supremo avala la norma que obliga a reservar el 30% de vivienda protegida en Barcelona

En pleno debate sobre la regulación del mercado de la vivienda, especialmente en Barcelona, donde el precio del alquiler está limitado y la ciudad se prepara para la prohibición de compra especulativa, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha avalado la normativa que obliga a destinar un 30% de vivienda protegida en Barcelona.

Concretamente, la norma, que está vigente desde 2018 bajo el mandato de Ada Colau, exige a los promotores a reservar un tercio de los pisos que se construyen a vivienda protegida (VPO). Según el Supremo, estas reservas se pueden imponer en suelo consolidado y en edificios ya construidos, y no se debe indemnizar a los empresarios. Además, los magistrados añaden que un propietario no tiene derecho a vetar el uso concreto de vivienda protegida por parte del legislador.

Así, el Supremo rechaza el recurso presentado por la empresa inmobiliaria Josel SLU y confirma la validez de la norma municipal. El TS asegura que la normativa se ajusta a las leyes de urbanismo y a la Constitución.

¿Qué es la reserva del 30% de VPO?

Esta normativa, avalada ahora por el TS, ha sido objeto de debate y controversia durante años. La medida obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de las viviendas en nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones a alquiler asequible. La directriz se inspira en experiencias similares de otras ciudades europeas. Como París, en la que el gobierno municipal socialista aplica el 50%. Sin embargo, el actual alcalde, Jaume Collboni, ha expresado su intención de flexibilizar esta medida, de la mano de Junts, lo que ha generado un intenso debate sobre su impacto en la ciudad.

A pesar de sus buenas intenciones, la norma ha enfrentado varios desafíos desde su implementación. Los datos muestran que solo se han generado alrededor de 160 viviendas protegidas, muy lejos de lo esperado. La avalancha de solicitudes de licencias antes de su entrada en vigor, la falta de suelo disponible y el rechazo del sector de la construcción han sido factores clave en su limitado éxito.

El sector inmobiliario argumenta que la medida ha frenado la construcción de nuevas viviendas y rehabilitaciones, lo que ha llevado a una disminución en la oferta de vivienda en general. Por otro lado, defensores de la norma sostienen que es un dique de contención contra la especulación inmobiliaria, permitiendo que más personas accedan a viviendas asequibles.

Multas a promotores

Según publicó hace casi un año el periódico Ara, el gobierno municipal ha perdonado las multas impuestas, de unos tres millones, por incumplir la normativa. Ante esta situación, tanto la presidenta del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, como la entonces líder de los comunes, Janet Sanz, pidieron la comparecencia urgente del alcalde, Jaume Collboni, para que diese explicaciones.

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, sin embargo, salió al paso de las críticas y aseguró que el gobierno irá textualmente hasta las últimas consecuencias para que los promotores cumplan la medida de la reserva del 30% de vivienda protegida en la ciudad: "Todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidades de acabar en sanción".