Quién es quién en el “caso Azud”

El sumario del caso Azud, en el que se investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos del PP y PSPV.

La actividad de esta organización se desarrollo entre 1999 y 2013, si bien algunas de las operaciones o negocios ilícitos no llegaron a fraguar o están considerados prescritos.

La ingente documentación intervenida en papel y documentación informática existente en la causa ocupa 290 tomos en papel más 7 discos duros de 3 TB cada uno.

En el desarrollo de la investigación, en la que constan como investigadas más de 60 personas por el momento, se han practicado 44 registros y se han librado 15 requerimientos, así como una Orden Europea de Investigación, y una comisión rogatoria a los Estados Unidos.

Los siguientes perfiles de los considerados como cabecillas de la trama corrupta están elaborados de forma íntegra a partir de la información contenida en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE.

JAIME MARÍA FEBRER.- Empresario del sector de la construcción y responsable de un conglomerado empresarial (Axis) que entre 1999 y 2013 supuestamente se dedicó al pago de comisiones ilícitas a diferentes cargos públicos, funcionarios públicos y abogados (por sus relaciones especiales e influencias con altos cargos públicos) para la obtención de decisiones administrativas acordes a sus intereses mercantiles “con total desprecio y consiguiente daño a los intereses públicos”.

El ámbito de actuación de su grupo empresarial se desarrolló principalmente en el Ayuntamiento de Valencia, pero también en los Ayuntamientos de Xixona, Burjassot y Benicasim, que se tenga constancia, así como en entidades o empresas públicas como Actuaciones Urbanas de Valencia S.A. (AUMSA), dependiente del Ayuntamiento de Valencia y Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED) de carácter estatal.

Al objeto de poder llevar a cabo los pagos de las comisiones ilícitas, Febrer utilizó cuatro vías: contratos ficticios que no obedecían a obligación alguna, comisiones en efectivo, compra de inmuebles por un precio inferior al realmente abonado o regalos.

JOSÉ MARÍA CORBÍN.- Abogado valenciano casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de gabinete de la que fue alcaldesa de Valencia. Esta circunstancia, según los investigadores, le permitió “conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia”.

Se cree que entró en contacto con el investigado Jaime María Febrer a través de Alfonso Grau Alonso, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia.

Tanto Corbín como su mercantil Corbín Abogados S.L. obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias en concepto de asesoría jurídica que, en realidad, escondían gestiones ilícitas para “engrasar” adjudicaciones, además de otras cantidades en efectivo.

El caso Azud tiene su origen en una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria relativa a las relaciones que se establecieron entre varios grupos empresariales y este abogado, y el radical descenso de sus ingresos después de que Barberá perdiese la alcaldía.

En particular, se descubrió que al menos siete empresas vinculadas al Grupo Axis efectuaron una serie de pagos a la mercantil Corbín Abogados SL en una relación que se prolongó desde los años 2007 a 2013, ascendiendo el montante de los pagos a 602.156,48 euros.

ALFONSO GRAU.- Entre 1995 y 2011 fue concejal, primer teniente de alcalde, vicealcalde, delegado del área de Economía y Grandes Proyectos y titular del área de Dinamización Económica y Empleo del Consistorio de Valencia. Además, por delegación de la alcaldesa, ostentó el cargo de presidente del consejo de administración de la entidad pública municipal AUMSA.

Los investigadores creen que cobró al menos 2 millones de euros de la trama corrupta; y del estudio de los patrimonios de sus dos hijas se ha cuantificado un “incremento patrimonial de origen ilícito” que entre 2004 y 2014 asciende a cerca de 730.000 euros.

En este periodo, Grau alquiló tres cajas de seguridad en las que constaban como autorizadas sus hijas y hay constancia de que adquirió varios inmuebles haciendo grandes desembolsos de efectivo que no había declarado.

RAFAEL RUBIO.- Funcionario que ostentó el cargo de concejal portavoz del PSPV-PSOE y que fue candidato a la alcaldía en 2003. Formaba parte del consejo de administración de la entidad publica municipal AUMSA. En el momento de su detención era subdelegado del Gobierno en Valencia.

Los investigadores creen que por guardar silencio y dejar de denunciar ciertas operaciones urbanísticas pudo obtener entre 300.000 y 750.000 euros, y han acreditado un “incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros”, aunque existe el convencimiento de que “las cantidades en metálico percibidas fueron superiores a dicha cantidad”, ya que en una sola comisión recibió no menos de 300.000 euros.

En julio de 2007 Rubio y su esposa, también funcionaria en el Ayuntamiento, alquilaron una caja de seguridad en una sucursal bancaria, y en esa misma época el concejal empezó a realizar ingresos en efectivo en sus cuentas, siempre mediante imposiciones inferiores a 2.000 euros para escapar del control.

De este modo, entre 2004 y 2015 tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros que procedió a invertir en todo tipo de productos de ahorro y de inversión.

JOSÉ LUIS VERA.- Licenciado en Derecho y profesor de Derecho Civil en la UV entre 1982 y 1986. Ha ocupado decenas de cargos públicos en ayuntamientos y empresas municipales y autonómicas.

Los investigadores estiman que pudo percibir de la trama corrupta alrededor de 1,4 millones de euros entre los años 2007 y 2012, principalmente a través de contratos simulados de prestación de servicios jurídicos que escondían otro tipo de gestiones ilícitas.

“Dicha actividad la realizaba el investigado en aquellas administraciones públicas frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”.

JOAQUÍN PASTOR.- Junto con otros empresarios, está acusado de haber creado una estructura societaria al servicio de los intereses de Jaime María Febrer “que facturaban por servicios inexistentes” y que facilitaba la ocultación de fondos “para así poder disponer de cantidades para una finalidad delictiva”.

DIEGO ELUM.- Abogado valenciano especialista en el ámbito mercantil. Entre 2007 y 2009 Delum Abogados ingresó 2.563.600 euros de la sociedad Infilco Española, S.A (filial de Acciona), que se adjudicó junto a la firma matriz un contrato de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia por 130 millones de euros en 2006.

La investigación ha constatado que el 66,67 % de éstos, 1.709.066,25 euros se transfirieron a Corbín Abogados, S.L.