La Generalitat Valenciana y la región italiana Emilia Romagna se plantan ante Bruselas por las exigencias de descarbonización del sector cerámico

La región italiana de Emilia-Romaña han firmado este miércoles en Bruselas un manifiesto conjunto histórico en defensa de la sostenibilidad y la competitividad del sector cerámico. La declaración política la han firmado el vicepresidente de la región de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en la que han pedido la suspensión temporal del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) para el sector cerámico hasta que se desarrolle una reforma más equilibrada y eficaz.

Ambas regiones concentran el 85% de la producción europea de azulejo, con 38.000 puestos de trabajo directos y más de 120.000 indirectos, y han salido a defender la inviabilidad de adaptarse a las cada vez más exigentes leyes comunitarios sobre las emisiones de carbono. «Compartimos el objetivo de la transición ecológica, pero creemos que debe llevarse a cabo de una manera compatible con la estabilidad social y económica de nuestros territorios», ha defendido la consellera de Industria, Marián Cano. «Corremos el riesgo de socavar la industria europea al reducir su capacidad para invertir en innovación y exponerla a una competencia mundial desleal», ya que terceros países no operan con las mismas normas.

En concreto, ambas regiones pidieron en su manifiesto la congelación de los derechos de emisión gratuitos actuales, que serán revertidos para el curso 2026-2030, para garantizar la estabilidad financiera de las empresas y salvaguardar su capacidad de inversión, así como tener un mecanismo propio ajustado que tenga en cuenta las realidades de su sector.

“El sector cerámico necesita un programa estratégico específico para acelerar el desarrollo de tecnologías de descarbonización, soluciones de captura de CO₂, sistemas térmicos avanzados y materias primas innovadoras. Sin este apoyo, la transición corre el riesgo de resultar inalcanzable”, ha concluido Marián Cano.

El secretario general de la patronal azulejera Ascer, Alberto Echevarría, ha asegurado que el sector ha hecho un esfuerzo reduciendo desde la década de los ochenta más de un 65% de sus emisiones, pero ha dicho que han «llegado al límite», ya que sin nuevas tecnologías, una industria intensiva como la cerámica no puede seguir recortando emisiones sin perder competitividad.

Echevarría ha recordado que «la mayoría de las empresas representan únicamente el 0,9% de emisiones del sistema de comercio de derecho de emisión», que ha tildado de «terriblemente injusto» para el sector cerámico.

En ese sentido, ha dicho que «la actualización del ‘benchmark’ de combustible costará entre 110 y 160 millones de euros en el periodo 2026-2030, lo que es entre el 40% y 60% de beneficio total, que puede suponer la «desaparición del sector».