La jueza que instruye la causa penal sobre la dana ha acordado citar a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en un auto en el que insiste en recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana descarta que pudiera tener responsabilidad en la gestión de la emergencia, lo cual, según la magistrada, no impide su declaración testifical. Además, la jueza aduce que la petición se realiza a instancias de la acusación popular del PSPV

Lo señala en un auto notificado hoy a las partes, en la que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, “excluye” su “responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

Del mismo modo -precisa la instructora- “no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa” (en el envío del Es-alert). De este modo, “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, concluye.

La diferencia con las otras tres "invitaciones" que la jueza ha hecho a Mazón para declarar es que en aquella ocasión lo citaba como testigo pero con las condiciones de los imputados: es decir, debía acudir asistido por abogado y podía negarse a declarar o mentir. Ahora, con la imposibilidad de declarar en calidad ni siquiera homologable a la de un imputado, la jueza le cita como testigo, una circunstancia que no deja ser ser enrevesada y paradójica.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado hoy, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.