La UCO señala al ex subdelegado del Gobierno del PSOE por cobrar comisiones ilícitas en Valencia: Rafael Rubio recibió entre 300.000 y 750.000 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 13 de junio un informe sobre una de las ramas del "caso Azud" al juzgado número 13 de instrucción de Valencia. En este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se documentan los indicios que señalan al que fue portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, concejal y subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, como el beneficiario de comisiones "ilícitas" que suman un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 750.000. El objetivo sería que el edil dejara de poner reparos a una operación urbanística en Valencia que lideraba la empresa MAI.

Los indicios iniciales consistían esencialmente en la existencia de una serie de anotaciones manuscritas que relacionaban de forma directa a Rafael Rubio con cuantías que se presumían comisiones ilícitas.

Según se indica, estos importes se habrían fijado en una reunión en la que estaban presentes Jaime Febrer, Miguel Montoro y Federico Ferrando, representantes todos de las mercantiles que representan el accionariado de MAI, a excepción, señala la UCO, de Astroc Mediterráneo.

En uno de los documentos de la citada reunión se acuerda el modus operandi para llevar a cabo el reparto de fondos en 13 entregas. La UCO concluye que la letra "R" corresponde a Rafael Rubio. En una primera entrega recibe 100.000 euros, pero podría haber recibido cantidades que oscilan entre los 300.000 y los 750.000 euros.

Todos los elementos recopilados apuntan a que cobraba estos importes en efectivo. A partir de este momento, la Guardia Civil ha detectado movimientos que tendrían como objetivo esconder el origen de estos ingresos. "Desde mediados del año 2007, se observaron dos cuestiones relevantes. Por un lado, el hecho de que el 14.08.2007, tanto Rafael Rubio como su esposa alquilaron una caja de seguridad en la sucursal de BBVA sita en la Plaza del Ayuntamiento núm. 9 de Valencia. Por otro que, de forma simultánea, se produjo un cambio en la dinámica de movimientos de las cuentas bancarias del que ha sido considerado el núcleo familiar de Rafael Rubio".

Básicamente se detectan imposiciones en efectivo entre los años 2007 y 2012. "La suma total de los fondos abonados en efectivo en los productos bancarios vinculados a Rafael Rubio asciende a 197.256 euros. "Se ingresan cuantías por debajo del umbral de 3.000 euros" en 77 imposiciones.

En un informe de fecha 27 de abril de 2021 se señala la existencia de estos ingresos en cuentas bancarias en los que Rafael Rubio figura como titular o de su entorno familia, por lo que se pasa a investigar quién las hizo. Solo se han podido determinar que 16 las hizo el ex subdelegado del Gobierno en Valencia.

Otra de las partes de la investigación se centra en el contrato de alquiler suscrito por Rubio y su mujer de una caja de seguridad en una sucursal del BBVA situada en la plaza del Ayuntamiento número 9 de Valencia y que ambos visitaron en 24 ocasiones, sobre todo entre 2007 y 2008. La UCO ha encontrado relación entre las visitas a esta caja y los importes de los abonos en efectivo efectuados en los productos bancarios de los que ambos eran también titulares. "En 19 de las 24 ocasiones en las que se visita la caja, ese mismo día o en los días inmediatamente posteriores, se producen abonos en efectivo en los productos bancarios titulados por el matrimonio, contando además con que la última de las visitas coincide con la cancelación de la caja".

También se constata que la mercantil compró joyas para la secretaria de Rafael Rubio, funcionaria del Ayuntamiento de Valencia.

La rama "colegios"

La participación de Rafael Rubio en la trama Azud se centra sobre todo en aquellas intervenciones realizadas en la ciudad de Valencia, donde el socialista era concejal, si bien su vinculaciones con el tesorero del PSPV en aquellos momento, Pepe Cataluña, pudo hacerle conocedor de otros «apaños». La actuación más importante de la trama en Valencia capital fue la denominada «de los colegios» en la que, según un informe preliminar de la Guardia Civil que consta en el sumario, el grupo Mediterránea de Actuaciones Integradas asumía una deuda de 31 millones de euros del Ayuntamiento de Valencia fruto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que resarcía a diez congregaciones religiosas del menoscabo económico sufrido por la decisión del Ayuntamiento de restringir el uso urbanístico de varias parcelas donde estaban ubicados centros docentes de estas congregaciones.

Esta operación fue quizá la más compleja de toda la trama, y es la única en la que intervienen conjuntamente todas las personas que luego serían investigadas en causas diversas. De este modo, Mediterránea de Actuaciones consiguió una permuta por unos solares que fueron tasados por debajo de su valor real, como advirtió un informe del Ayuntamiento. Pero no solo eso, la selección de las parcela se hizo en connivencia con funcionarios municipales.

En aquel informe también se apuntaba la participación de Alfonso Grau, Jorge Bellver, José Luis Vera, José Corbín y el propio Rafael Rubio.