La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es "un trámite" que se hace "con absoluta normalidad".

Según ha dicho Catalá ante los medios de comunicación tras desvelar Compromís la decisión de Anticorrupción después de su denuncia, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido "totalmente trasparente" en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.

En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público, que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València", ha manifestado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 -entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad-, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento: "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los once trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

La alcaldesa ha destacado que, en esa moción, el Ayuntamiento votó en contra porque había un informe de la Secretaría Municipal "que negaba esta posibilidad".

"La Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que quería Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino de la Administración General del Estado", ha añadido.

En esta línea, Catalá ha asegurado que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

"Creo que el fiscal va a tener que estudiarlo todo, porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante", ha dicho Catalá, quien lo ha calificado de "actuación esperpéntica".

La respuesta de la Autoridad Portuaria de Valencia

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que "no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha" que, consideran estas fuentes, "forman parte de una instrucción".

"Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador", han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.