El grupo Compromís en el Ayuntamiento de València ha registrado este miércoles la ampliación de su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta colocación a dedo de cargos en instituciones públicas de la ciudad y ha pedido investigar también al concejal José Marí Olano, que habría intentado implicar a la empresa pública Aumsa.

Así lo ha anunciado la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, en una comparecencia en la que ha informado que se han añadido dos elementos "clave": el acta del pleno del 25 de septiembre de 2024 y los audios conocidos en las últimas horas, que, según denuncian, "confirman paso a paso" el funcionamiento de la operativa.

Estos dos documentos, según Compromís, confirman la implicación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, como el principal cerebro de esta operación presuntamente ilegal, en la que además trató de arrastrar a Aumsa, como ha podido saber la coalición.

Robles ha explicado que ya no están "hablando de sospechas ni de indicios aislados" sino de "una operativa perfectamente descrita por sus propios protagonistas".

En este sentido, ha destacado que en el acta plenaria el concejal José Marí Olano asume que actuaba por indicación de la alcaldesa ("Yo recibí el mandato de la alcaldesa de tratar de encontrar una solución") y ha afirmado que "es evidente que Catalá estaba al tanto de todo y ordenaba cómo hacerlo".

Por ello, Compromís pide que Marí Olano sea también investigado por los mismos presuntos delitos, a los que añaden el de negociaciones prohibidas a funcionarios. "No se puede entender esta trama sin el papel central de Olano", ha remarcado.

Planificado desde el gobierno

Según la coalición, las nuevas informaciones apuntan a que no se trata de un caso aislado sino de una estrategia coordinada. "Tenemos información que confirma que Olano intentó replicar esta operación en Aumsa con dos plazas más", ha indicado Robles.

"Solo las objeciones internas de la empresa pública lo impidieron", ha añadido para asegurar que "esto demuestra que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno".

Compromís ha rechazado las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa en las últimas horas y asegurado que "está mintiendo e intentando desviar la atención".

"Esta operación de clientelismo es anterior a cualquier moción del Pleno. Incluso hay un acta notarial previa que ya advertía de lo que iba a pasar", ha señalado.

Además, ha recordado que el problema de fondo es la gestión de la Marina: "Mientras nosotros apostábamos por un modelo público y por subrogar a los trabajadores y trabajadoras, Catalá la privatizó y despidió a trabajadores, salvando solo a quien quiso", ha asegurado.

Según Compromís, "no es un problema del Puerto, es una operación concertada con el Puerto para colocar a personas concretas",

Robles ha concretado: "Estaba todo preparado: cuando tenían aseguradas las plazas, se retiraban del resto de procesos. Esto no es casualidad, es un sistema".

Pedirán una comisión de investigación

Ante la gravedad de los hechos, Robles ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción para crear una comisión de investigación. "La ciudad merece conocer toda la verdad. No estamos ante un caso menor, sino ante una forma de entender las instituciones como una agencia de colocación al servicio del PP", ha advertido.

Para Compromís, este caso "puede marcar un antes y un después" en la legislatura y según Robles, lo tienen "claro" y llegarán "hasta el final. Caiga quien caiga".

Catalá, ansiosa de que pidan documentación

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado de momento ninguna documentación al Ayuntamiento sobre la recolocación de personal que investiga, así como que está "especialmente ansiosa" por que lo haga y que es la "primera interesada" en que las dudas se disipen.

A preguntas de los periodistas sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de prevaricación en procesos de colocación de personal, Catalá ha insistido en que en un pleno en 2024 "PSPV y Compromís que pidieron literalmente recolocar a las once personas en puestos de la administración".

"Había voluntad política, no del PP sino de toda la corporación, de que unos empleados públicos, tras una liquidación en un expediente de regulación de empleo, no perdieran su puesto de trabajo. De ahí, a todo lo que quiere hacer Compromís ahora a través de una denuncia esperpéntica después de sus palabras en el pleno de esta cuestión, me parece sinceramente preocupante", ha sostenido.

Para Catalá, "lo más importante" es que todos aporten y ha afirmado que el Ayuntamiento lo va a hacer "de forma bastante afanada" y que ella será "una colaboradora activa con la Fiscalía".

"Le vamos a aportar a la Fiscalía toda la información y documentación, vamos a colaborar activamente en esta situación. Soy la primera interesada en que estas cuestiones que pueden generar dudas a la ciudadanía se disipen", ha añadido.

No obstante, ha afirmado que "de momento" no les ha solicitado ninguna documentación. "Fui conocedora ayer de esta cuestión por los medios de comunicación pero estoy especialmente ansiosa de que nos pidan documentación y poder remitir toda la documentación que obra en nuestro poder", ha indicado.

Preguntada por las palabras del concejal José Marí Olano, a quien Compromís señala como pieza clave de la trama, ha asegurado que le parecen "igual de graves o de menos graves" que las de Ferrán Puchades (Compromís) o Javier Mateo (PSPV).

Ha insistido en que "había voluntad política de estas personas que se habían visto afectada por un ERE por la liquidación del Consorcio intentaran mantener su condición de empleados públicos siempre en el paraguas de la forma legal oportuna".

"Es más, PSPV y Compromís indicaban una recolocación directa a dedo, cosa que nosotros nos negamos porque había un informe del secretario municipal en contra e hicimos procedimientos totalmente transparentes", ha apuntado.

En concreto, ha detallado que el PSOE dijo que se podía "trabajar en la recolocación" y Compromís, el denunciante ante la Fiscalía, dijo que podían "ser capaces desde la Autoridad portuaria y el Ayuntamiento de València de encontrar sitio a estas personas".

A su juicio, "no es un buen precedente que una administración pública, tras un ERE por la liquidación de una entidad de derecho público, no haga toda lo posible para que esos empleados mantengan su puesto; si ese es el precedente que queremos en este caso, creo que va a ser un mal precedente en general para toda administración pública".

Sobre en qué enmarca la denuncia de Compromís, ha sostenido: "Ha empezado la campaña electoral y creo sinceramente que si Compromís ha decidido que la campaña electoral empiece en la Fiscalía, pues vale".

Sobre los empleados que accedieron a un nuevo puesto de trabajo, ha afirmado que en el caso del Ayuntamiento solo fue uno, "un auxiliar administrativo que accedió a una fundación a través de un concurso oposición, con un tribunal constituido con la bases establecidas y con procedimiento; es más, ese empleado no es uno de los señalados en la dichosa acta notarial".

Catalá ha informado que ha solicitado a la Secretaría municipal un informe del proceso selectivo para que le acrediten que fue "reglado, habitual y normal", para hacérselo llegar a la Fiscalía.

Preguntada por el hecho de que Compromís hable del "enchufismo de Catalá", ha sostenido que ellos pedían, en palabras de Ferran Puchades, "que esas personas fueran enchufadas a dedo sin procesos selectivos".