El Supremo anula la financiación del bono social eléctrico

Nuevo varapalo del Tribunal Supremo, y van tres, al sistema de financiación del bono social eléctrico que recae sobre las grandes eléctricas. En una sentencia del pasado 31 de enero, y hecha pública la pasada semana, el Tribunal Supremo declaró que el mecanismo de financiación del bono social eléctrico establecido por Decreto-ley en 2016 era contrario al derecho de la Unión Europea por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.

Esta es la tercera vez que el Alto Tribunal se pronuncia en contra del modelo de financiación del bono, una ayuda destinada a proteger a los consumidores vulnerables y consistente en aplicar un descuento en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.

La batalla judicial por el bono social viene enfrentando desde hace años al Estado con las grandes eléctricas –Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP–, sobre las que recae su financiación desde su creación.

En las ocasiones anteriores, el tribunal lo había anulado al estimar que, de acuerdo a la jurisprudencia europea, era el Estado y no las empresas el que debía hacer frente a los pagos derivados de esa subvención en el recibo de la luz. El sistema fue derogado en 2016, cuando se aprobó el actualmente vigente, que seguía imputando la práctica totalidad del coste a las empresas comercializadoras.

Tras los reveses anteriores, el Gobierno procedió a devolver las cantidades financiadas por las compañías por el bono social en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como los intereses, con un importe total que alcanzaba casi los 520 millones.

Según cálculos de «Cinco Días», este fallo obliga a devolver parte de los 800 millones del bono social a las eléctricas (200 al año), ya que falla que se indemnice a las comercializadoras. Sin embargo, aún quedan aspectos por evaluar ya que algunas comercializadoras pueden haber repercutido el sobrecoste a sus clientes en las facturas, lo que podría restar esas cantidades del monto total a devolver por el Estado.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció ayer que trabaja en el diseño de un nuevo régimen jurídico y que, en cualquier caso, la sentencia no afectará al bolsillo de los consumidores.