La economía aguanta, el empleo resiste y los mercados financieros continúan en máximos. Sobre el papel, todo funciona. Sin embargo, cada vez a más ciudadanos les cuesta llegar a fin de mes, ahorrar o acceder a una vivienda. Algo no encaja. Y no se trata de una percepción subjetiva, sino del resultado de una economía que se sostiene, cada vez más, sobre deuda y liquidez artificial.

En mi opinión, 2026 no será el año del ajuste. Todo apunta a un ejercicio continuista: más intervención, más crédito fácil y más dinero en circulación para mantener el sistema en pie. Esta estrategia permite ganar tiempo, pero no corrige los desequilibrios estructurales, simplemente los aplaza.

Durante los últimos años, el crédito artificialmente barato (precios marcados por los ya todopoderosos bancos centrales) y una liquidez extraordinariamente inflada, se han convertido en una suerte de anestesia económica. Ante cualquier signo de desaceleración, se reduce el precio del dinero y se incentiva el endeudamiento. El consumo continúa, la actividad no se detiene y el problema parece resuelto. El riesgo es que esa anestesia pueda terminar insensibilizando al propio sistema.

Desde una perspectiva financiera, observamos una economía con una masa monetaria superior a la que correspondería a su nivel real de productividad. Una economía dopada, no como juicio moral, sino como descripción técnica. Circula más dinero del que el mercado es capaz de absorber de forma eficiente y, cuando esto ocurre, los mecanismos naturales de ajuste del mercado, los anticuerpos, las defensas de la productividad y la eficiencia, se debilitan.

Estos mecanismos están incluidos en el concepto de destrucción creativa, el proceso por el cual los recursos escasos se reasignan hacia los usos más eficientes, y por tanto los que más valor aportan a la sociedad. No siempre es cómodo, pero resulta imprescindible. Ha ocurrido siempre, ocurrió cuando los smartphones desplazaron a BlackBerry o cuando la logística avanzada hizo inviables determinados modelos tradicionales. El mercado decidió qué funcionaba mejor.

El problema surge cuando el exceso de liquidez y el crédito barato interfieren de manera sistemática en ese proceso. Si cualquier negocio puede refinanciarse indefinidamente, el mercado deja de enviar señales claras. Empresas que no generan valor suficiente continúan operando gracias a la deuda. Aparecen así los llamados negocios zombi.

Este entorno tiene consecuencias evidentes, entre ellas una mayor volatilidad. Un sistema cercano a su equilibrio natural tiende a ser más estable. Uno forzado artificialmente, con grandes volúmenes de crédito y liquidez genera valoraciones exigentes y se vuelve mucho más frágil. Cuanto más se infla el globo, más intensos son los movimientos ante cualquier estímulo externo.

A esta dinámica se suma una inflación que no siempre se refleja con claridad en los índices oficiales. Porque no se trata únicamente del precio del pan o de la gasolina. La inflación real se manifiesta en la pérdida de poder adquisitivo frente a activos clave como la vivienda, el suelo o la referencia del oro (también eliminada artificialmente desde hace más de 50 años). Activos con poco peso estadístico, pero con un impacto enorme en la vida cotidiana.

Desde nuestra experiencia en ubimia®, analizando riesgo y comportamiento crediticio en distintos mercados europeos, constatamos que el exceso de liquidez no elimina el riesgo; lo desplaza en el tiempo y lo concentra. Los datos muestran una economía que resiste, sí, pero cada vez más apoyada en deuda.

A ello se suma una realidad incuestionable: la deuda pública se ha convertido en el principal motor de liquidez del sistema desde la crisis financiera de 2008. A nivel global, la deuda de los Estados supera ya los 100 billones de dólares y en las economías avanzadas se mueve en torno o por encima del 100% del PIB. Mientras el endeudamiento privado se ha moderado o estancado, ha sido el sector público el que ha asumido el papel de sostén, sustituyendo crédito privado por déficit y deuda soberana.

Esta expansión del endeudamiento público no es neutra. Financiada en gran medida a través de los bancos centrales y sus balances, introduce un extra de liquidez estructural que mantiene bajos los tipos de interés, sostiene valoraciones y reduce artificialmente la percepción de riesgo. El problema es que esta liquidez no proviene de un aumento equivalente de productividad, sino de un mayor apalancamiento colectivo que traslada costes y tensiones hacia el futuro.

El contexto internacional añade nuevas capas de incertidumbre. El debilitamiento del dólar en 2025 no responde solo a dinámicas de mercado, sino también a una estrategia deliberada para ganar competitividad y aliviar tensiones internas. En Europa, Alemania ha mejorado ligeramente sus previsiones, aunque sigue lejos de reflejar la situación real de su economía productiva.

Desde el punto de vista del crédito, 2026 apunta a ser un buen año para la banca y las entidades financieras. No porque la economía sea más sólida, sino porque el sistema continúa apostando por sostenerla mediante tipos bajos, liquidez abundante y el respaldo explícito de los bancos centrales. Esta confianza reduce la percepción de riesgo y permite que todo siga funcionando, aunque al precio de retrasar los ajustes necesarios.

Mientras tanto, los valores refugio envían señales claras. El oro y la plata se revalorizan porque el sistema necesita más dinero del que es capaz de generar de forma orgánica. La extracción crece de manera limitada; la masa monetaria, no.

Así, en 2026 seguimos metiendo gas para que la economía avance. Una decisión que evita ajustes bruscos, pero que también traslada costes de forma silenciosa. No pagan las rentas más altas. Los asumen, sobre todo, las clases medias y bajas, a través de la inflación real, no solo la estadística, que es un síntoma, no el problema de base que es la reducción del valor de la moneda y que conlleva la pérdida de poder adquisitivo y la creciente dificultad para ahorrar o acceder a una vivienda.

La economía aguanta y es probable que siga haciéndolo durante un tiempo. La cuestión no es tanto si resiste, sino cómo lo hace y a qué precio. Por eso, 2026 puede y debe ser una oportunidad para abrir un debate necesario: hasta qué punto queremos seguir sosteniendo el crecimiento a base de deuda y qué reformas estamos dispuestos a impulsar para que vuelva a apoyarse en productividad real y no únicamente en crédito barato.