España entra en la fase de la disciplina fiscal

Las últimas proyecciones del Observatorio Fiscal de BBVA Research sitúan a 2026 como un año clave para las finanzas públicas españolas. Tras la evolución positiva prevista para 2025 —con un déficit estimado en torno al 2,4% del PIB, apoyado en una recaudación tributaria más sólida y la retirada de medidas extraordinarias—, el principal reto será consolidar estas mejoras sin comprometer la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

El contexto macroeconómico seguirá siendo favorable. El impulso cíclico de la economía, junto con la eliminación de ayudas temporales vinculadas a la DANA y otros factores transitorios, permitiría reducir el déficit hasta cerca del 2,1% del PIB en 2026 y el 1,7% en 2027, siempre que se adopten nuevas medidas de ajuste fiscal eficaces. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB por encima del 2 % en 2026, con el empleo manteniendo una senda positiva.

Esfuerzo adicional

Sin embargo, BBVA Research advierte de que la mejora automática derivada del ciclo económico no será suficiente para cumplir de forma estricta con las reglas fiscales europeas. Para ello, estima necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2026 y 0,4 puntos en 2027, que deberá materializarse en decisiones concretas tanto por el lado del gasto como de los ingresos.

Sin estas medidas, el saldo primario ajustado por ciclo podría situarse en torno al –0,8 % del PIB. Es decir de no tomarse nuevas decisiones fiscales, las cuentas públicas de España, una vez descontados los intereses de la deuda y los efectos del ciclo económico, seguirán en números rojos y el Estado gastará alrededor de un 0,8% del PIB más de lo que ingresa de forma estructural. Mientras que, con el ajuste previsto, se acercaría al equilibrio a finales de 2027. Esta corrección resulta clave para garantizar la credibilidad fiscal en el nuevo marco europeo.

Deuda pública

Más allá del déficit, otro de los grandes desafíos es la evolución de la deuda pública. Bajo el supuesto de cumplimiento de las reglas fiscales, la deuda continuaría reduciéndose gradualmente hasta situarse en torno al 96,6% del PIB a finales de 2027. No obstante, este proceso sigue siendo vulnerable a posibles cambios en los costes de financiación y a la evolución del diferencial entre crecimiento económico y tipos de interés.

En cuanto a la composición presupuestaria, los datos hasta octubre de 2025 muestran un crecimiento de los ingresos no financieros cercano al 7,3%, impulsado principalmente por los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales. El gasto, por su parte, se ha mantenido relativamente contenido, pese a las crecientes presiones asociadas al aumento del gasto en pensiones, defensa e intereses de la deuda.

A medio y largo plazo, los retos estructurales adquieren un peso creciente. BBVA Research recuerda que el envejecimiento de la población incrementará de forma sostenida el gasto en pensiones, sanidad y cuidados, con un impacto estimado de hasta 5 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2070. A ello se suman los compromisos para elevar el gasto en defensa, que podrían situarlo en torno al 3,5% del PIB según el Plan ReArm de la Comisión Europea, o incluso alcanzar el 5% del PIB en el marco de los compromisos con la OTAN.

Fragmentación política

En paralelo, será imprescindible reforzar la inversión pública de calidad, priorizando aquellas áreas con mayor impacto sobre el crecimiento potencial y la productividad, como las infraestructuras verdes y digitales, la investigación y desarrollo, la educación y la sanidad.

También cobran relevancia los desequilibrios fiscales autonómicos, que exigen mejorar los mecanismos de control, avanzar en la condonación de deuda autonómica y acometer la pendiente reforma del sistema de financiación autonómica. Todo ello hace necesario avanzar en reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad, ampliar las bases f iscales y mejorar la eficiencia del gasto público, como vía para compatibilizar sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.

No obstante, la situación política añade complejidad al escenario. La fragmentación parlamentaria dificulta la consecución de acuerdos estables, lo que puede retrasar la adopción de decisiones clave para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.