Gobierno, patronal y sindicatos cierran la reforma final de las pensiones con dudas sobre su aprobación parlamentaria

La reforma de las pensiones ya ha cerrado su capítulo final, en el que se incluyen cambios en la jubilación demorada y activa, otorga más capacidad de actuación y decisión a las mutuas en tratamientos reglados y regula el retiro para las profesiones penosas. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido perder la oportunidad de estar presente en el acto en el que patronal y sindicatos han rubricado el acuerdo, que ha definido como "producto de la buena política" practicada por el Ejecutivo, que "contribuye a una sociedad más justa", con un acuerdo "destinado a perdurar. Estas son las reformas que hacen país, que unen al país, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo", señaló tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio.

Al acto, celebrado en el complejo de la Moncloa, han acudido los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo junto a Sánchez y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Ante todos ellos, el presidente el jefe del Ejecutivo aprovechó su intervención para sacar pecho y presumir por los 21 acuerdos alcanzados en el seno del diálogo social desde que llegó a la presidencia. "Hemos alcanzado esos acuerdos que nos han permitido impulsar una recuperación económica firme y sostenida tras la pandemia, y con los que garantizamos el poder adquisitivo de los pensionistas, reforzamos también la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, reconstruimos el pacto de Toledo y acuerdos para avanzar en conciliación, en corresponsabilidad y en reducir la brecha de género. La gran virtud, y es lo que quisiera subrayar para finalizar esta breve intervención, es el valor real del acuerdo porque radica en lo que se acuerda, que está destinado a perdurar".

En lo estrictamente técnico, la reforma -que cierra el ciclo iniciado durante el paso de José Luis Escrivá por el Ministerio de Seguridad Social- desarrolla los puntos todavía pendientes de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación. Este capítulo final -al menos de momento- establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión y regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas. Además, permite a las mutuas mayor implicación con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico.

Los firmado ahora aún debe pasar el último filtro de las modificaciones técnicas que deben articularse en varios cambios normativos. Desde Seguridad Social aún no se ha establecido detallado, aunque han precisado que muchos de estos cambios "necesitarán de apoyos parlamentarios", que el Gobierno sabe que son algo más que ajustados y que pueden poner en peligro su aplicación en el medio plazo, después de varios de los socios habituales del Ejecutivo hayan mostrado su desacuerdo con algunos aspectos del texto aprobado, como en el caso de las mutuas.