Los interinos en abuso de temporalidad superan los 125.000 trabajadores

Los interinos en abuso de temporalidad y para los que no se han convocado o no han sido cubiertas las plazas de estabilización comprometida, han alcanzado los 125.000 trabajadores, según ha desvelado CSIF.

Lo ha hecho tras darse a conocer la sentencia del TJUE en la que ha considera que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión.

Por su parte, el sindicato denuncia que las administraciones públicas están incumpliendo "de manera sistemática" la Ley de Temporalidad. "Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024".

"Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024", sostiene CSIF.

La tasa de temporalidad en el sector público, mientras tanto, continúa estancada en el 30%, cifra que duplica a la del sector privado. Esto se debe a que las administraciones siguen contratando a personal interino como consecuencia de la tasa de reposición, ahora ya eliminada en un acuerdo logrado el pasado mes de noviembre entre Gobierno y sindicatos de la Función Pública.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo conforme a las leyes españolas, ya que la figura jurisprudencial del "indefinido no fijo" no constituye una verdadera sanción al abuso.

Medidas ante la sentencia del TJUE

Ante esta situación, el sindicato propone varias medidas y sanciones para llevar a cabo. En primer lugar, pide regular en el ordenamiento jurídico español "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

Además, pide que las medidas recaigan directamente sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan la norma y no se traten simplemente de una responsabilidad administrativa.

CSIF reclama también que en las ofertas de empleo público se convoquen todas las plazas estructurales para prestar el servicio y evitar así acudir a la contratación temporal. También una reducción de los plazos de ejecución de los procesos selectivos, pues el plazo máximo actual de tres años "se incumple sistemáticamente".