El preacuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que debe ser rubricado el próximo 17 de enero, empieza a tener grietas antes incluso de firmarse. El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, ha tirado por tierra las medidas de salvaguardia en favor de los agricultores europeos aprobadas por la Comisión Europea porque «no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio suscrito en Montevideo en diciembre del año pasado. Por tanto, estas cláusulas no deben incluirse».

El pasado viernes, la UE dio luz verde a la firma del pacto, que lleva 27 años negociándose y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. Las negociaciones en el interior del bloque europeo incluyeron, para acabar de convencer a los países reacios, cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos, que permitirían a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Estas se aplicarían, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

Pero Ramírez ya ha advertido de que si estas cláusulas se aplican, el documento que firmarán las partes debe renegociarse, aunque «tenemos herramientas para la solución de diferencias». De igual forma, afirmó que Paraguay «tiene un trato especial y diferenciado» con la UE, por cuanto las medidas de salvaguardia «no serán aplicables a nuestro país», algo que niegan las fuentes comunitarias consultadas por LA RAZÓN.

Esta amenaza supone un nuevo obstáculo para que finalmente se rubrique el acuerdo, ya que debe ser el Parlamento Europeo durante el presente año el que debe ratificarlo definitivamente, por lo que el visto bueno de los países de la Unión Europea no supone aún el último paso para cerrar el histórico pacto.

El acuerdo se considera «mixto» y se divide en dos partes, una comercial y un acuerdo de asociación, que siguen caminos paralelos: ambas tendrán que recibir el visto bueno de la Eurocámara antes de su conclusión formal y el acuerdo de asociación requiere, además, el consentimiento de todos los parlamentos nacionales de la UE. Por ello, la ratificación en el Parlamento Europeo se prevé compleja y aún está lejana, por cuanto varios países se han negado a secundar el acuerdo. La gran división en el hemiciclo comunitario provocará que cada voto de los eurodiputados pesará tanto o más que las líneas ideológicas. Con la práctica totalidad de los eurodiputados franceses en contra sin importar su familia política, a los que se unen polacos, austriacos, irlandeses y belgas, además de la ultraderecha de los Patriotas por Europa –que planea incluso una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo–, pero también de los Verdes o de la Izquierda por las preocupaciones ambientales y la competencia desleal que hacen que el acuerdo siga pendiendo de un hilo.

Todo estos grupos apoyan las protestas y movilizaciones que los agricultores han extendido por la mayoría de países. Sobre todo en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y España, exigiendo igualdad de condiciones y de competencia con los países de Mercosur por la sobrerregulación que sufren en el espacio comunitario y que no tienen en esos terceros países. Así, entre los puntos débiles del mercado comunitario agroalimentario respecto al de Mercosur, destacan los menores costes que soportan los productores suramericanos al estar sometidos a menores requisitos y estándares de producción que en la UE. Eso provoca que los productores europeos partan de una posición más débil de cara al consumidor, al tener que poner en el mercado alimentos más caros que los provenientes de Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil, sometidos a esos menores costes y regulación a la hora de producir. De ahí que una de las peticiones fundamentales que han reclamado reiteradamente desde el campo europeo sea la imposición de «cláusulas espejo» y medidas de salvaguarda para producir en las mismas condiciones.

De esa debilidad manifiesta deriva una de las principales amenazas, como es la presión sobre los precios internos de los alimentos. Si en los lineales de los supermercados comunitarios hay una mayor oferta de productos que llegan desde el Mercosur a precios más competitivos, lo normal es que arrastren a la baja a los alimentos producidos y vendidos en la UE o que, incluso, desaparezcan al no poder competir en precio. Los agricultores comunitarios sufrirían lo que se conoce como «efecto sándwich», al quedar en medio de dos pesadas planchas: primero, por los elevados costes de producción y, segundo, por una competencia desleal que les obligaría tener que vender a precios más bajos en origen, incluso por debajo de costes, con lo que perderían su rentabilidad.

Esta amenaza podría, en parte, verse salvada si la UE convence a Mercosur de activar mecanismos de compensación económica para los productores comunitarios, pero el entorno actual es poco favorable ante la previsión de reducción de fondos para la Política Agrícola Común (PAC).

Los agricultores, aunque no se fían de las intenciones comunitarias, ven en la aplicación de las citadas «cláusulas espejo» y de salvaguarda una solución intermedia, para intentar minimizar el impacto de estas amenazas y debilidades.

Pero, de momento, la UE sigue adelante con su plan y tiene previsto firmar el 17 de enero su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso decisivo que permitirá a ambas partes diversificar alianzas frente a la deriva proteccionista de Estados Unidos. Los Veintisiete lograron una mayoría cualificada para validar el acuerdo, un entendimiento que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajar la próxima semana a Asunción para proceder a la rúbrica oficial junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo se alcanzó pese al voto en contra de Francia –principal opositor al pacto–, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, y con la abstención de Bélgica y el apoyo sorpresivo de Italia, que cambió de parecer tras bloquear el pacto a finales del mes pasado junto a los otros estados miembros detractores. Para alcanzar esta mayoría cualificada fue necesario negociar las citadas salvaguardas adicionales para los agricultores europeos –ahora puestas en duda por Ramírez–, que no han evitado las protestas de estos días en contra del pacto, pero sí el cambio de parecer de Roma para que levantase su veto, aunque no han sido suficientes para que París también se sumara.

El nuevo espacio comercial integraría a cerca de 800 millones de consumidores y representaría un PIB conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, y permitiría eliminar aranceles para el 91% de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92% de las ventas sudamericanas hacia Europa, lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas. Para la UE, el tratado abre las puertas de un mercado históricamente protegido para sus sectores industriales más competitivos, entre los que destaca la automoción y la maquinaria industrial, donde los actuales aranceles de entre el 35% y el 14% desaparecerán progresivamente. Otros sectores que se beneficiarán especialmente serán el químico y el farmacéutico, que exportan por valor de miles de millones de euros cada año, o productos agroalimentarios protegidos por denominaciones de origen como los vinos y los quesos.

Sin embargo, los agricultores y ganaderos comunitarios no opinan lo mismo, y denuncian la competencia desleal que provoca la sobrerregulación que sufren en el espacio espacio y que no tienen los estados que integran Mercosur. Por ello, agricultores europeos mantienen las movilizaciones desde el pasado jueves en varios países de la UE para protestar contra el acuerdo y han multiplicado los bloqueos en carreteras, con intención de que así siga, como mínimo, hasta este domingo. También en España, cuyos agricultores rechazan la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, principal impulsor del acuerdo y al que acusan de querer "dar la puntilla a un campo al que desprecia y no escucha".