Las pensiones ganaron 11 puntos más de poder adquisitivo con el PP

El debate sobre la revalorización de las pensiones tiene múltiples variantes, pero un hecho concreto: los pensionistas ganaron casi 11 puntos porcentuales más de capacidad de compra durante los últimos gobiernos del PP, con Mariano Rajoy al frente, que durante los cinco años de mandato de Pedro Sánchez liderando la coalición social-comunista.

Al margen de debates estériles, como qué hubiera pasado de seguir aplicándose el IRP (índice aprobado durante el mandato de Mariano Rajoy que aseguraba un alza mínima del 0,25% para las pensiones en caso de que el sistema siguiera en números rojos durante los últimos años, en los que la inflación ha castigado a todos los ciudadanos, especialmente a los que tienen rentas fijas y más bajas, lo cierto es que entre 2012 y 2018, con el PP al frente del Gobierno, la pensión media se revalorizó un 14,93%, especialmente en 2012, 2013 y 2018, con alzas interanuales superiores al 3%.

Un porcentaje algo inferior se ha incrementado la pensión media entre 2018 y 2022, un 13,97%, un punto menos, pese al regreso a la indexación de la revalorización con respecto al IPC, un paso que ya introdujo el PP en su acuerdo de investidura de 2018, equiparando la subida de las mismas con la evolución de los precios. Hasta ahí, las cuentas salen más o menos parejas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta el impacto de la evolución de los precios sobre esas alzas en la nómina de las pensiones medias durante las últimas legislaturas populares y socialistas para determinar si, realmente,descontada la inflación, los pensionistas ganaron o perdieron capacidad de compra. Y aquí la diferencia es abismal, porque entre 2012 y 2018 el incremento del IPC fue del 3,11% mientras que en los últimos cinco años se ha disparado al 12,91%.

Así pues, teniendo en cuenta el alza de los precios, la pensión media ganó un 11,82% de capacidad adquisitiva durante los gobiernos de Mariano Rajoy mientras que apenas incrementaron un 1,06% su poder de compra con Pedro Sánchez en La Moncloa.

El candidato del PP en las elecciones generales de este próximo domingo, Alberto Núñez Fijóo, ya ha dicho que mantendrá la revalorización de las pensiones tomando como referencia la evolución de los precios, como ya hiciera Rajoy en 2018 en un acuerdo con el PNV, pero también ha anunciado que la reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, «no garantiza la sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas».

Feijóo justificó el voto el contra del Grupo Popular al decreto ley de reforma las pensiones alegando que «claramente abre la puerta a seguir incrementando las cotizaciones y bajar las pensiones». El líder del PP subrayaba que «nadie responsable» puede apoyar una reforma que la AIReF y otros organismos no respaldan. Feijóo considera que la reforma se hizo sin facilitar documentación al Grupo Popular y, por tanto, sin el consenso del Pacto de Toledo y que todas las instituciones, desde el Banco de España a la propia AIReF, se han mostrado muy críticas con la falta de medidas para contener el gasto y la insuficiencia de las vías para incrementar los recursos, lo que generará un déficit creciente en las cuentas de la Seguridad Social.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, aseguró nada más aprobarse la reforma, con el voto en contra del PP, que Feijóo la derogaría «automáticamente», después de plasmar en el Pacto de Toledo un nuevo acuerdo puesto que la reforma de Escrivá deja la puerta abierta a una potencial bajada de las pensiones. El PP ha advertido en numerosas ocasiones que la reforma es una «bomba de relojería» para el próximo Gobierno ya que la disposición adicional segunda del texto impone informes de evaluación trimestrales por parte de la AIReF a partir de 2025 y en el caso de que se descuadre el gasto, compromete una reforma que contempla un posible recorte de las pensiones. En concreto, el PP considera inasumible el punto dos de la disposición adicional segunda.

Este apartado establece que, en el caso de desajustes que impliquen superar el 15% del PIB para pagar las pensiones, desde marzo de 2025, cada tres años y a partir de un informe de impacto de las medidas aprobadas en la reforma por parte de le AIReF, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo «para corregir, de forma equilibrada, el exceso de gasto en pensiones». ¿Cómo? «Mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas».