Fiscalidad

La presión fiscal de Hacienda fuerza a miles de autónomos a convertirse en empresas por la brecha entre el IRPF y Sociedades

UPTA denuncia que 57.000 autónomos se han visto obligados a convertirse en sociedad en 2025 ante esta "asfixia fiscal", ya que pueden pagar casi un 40% de sus ingresos

Economía.- La brecha entre el IRPF y Sociedades "obliga" a más de 57.000 autónomos a convertirse en empresas, según UPTA
La brecha entre el IRPF y Sociedades "obliga" a más de 57.000 autónomos a convertirse en empresas, según UPTAEuropa Press

La continua subida de la presión tributaria por parte de Hacienda ha provocado que la brecha fiscal provocada por la diferencia entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades "está expulsando a miles de pequeños negocios del régimen tributario de las personas físicas, obligándoles a convertirse en empresas. Así lo ha denunciado la asociación de autónomos UPTA, que advierte de que más de 57.000 autónomos se han visto obligados a convertirse en sociedad en 2025 ante esta "asfixia fiscal", por lo que exige a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tome de forma inmediata "medidas de reequilibrio tributario".

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En su denuncia, UPTA señala advierte de que la actual legislación perjudica directamente a los pequeños negocios y favorece "indirectamente" la economía sumergida, al obligar a miles de autónomos a pasar a la clandestinidad laboral al no poder afrontar el pago de impuestos y cotizaciones, además de "consolidar ventajas estructurales para las medianas y grandes empresas. La falta de equilibrio fiscal termina erosionando la competitividad del pequeño trabajador autónomo frente a empresas con mayor capacidad de planificación tributaria",.

Desde la organización se hace especial hincapié en la "apatía y la falta de comprensión" Hacienda ante los problemas reales que afrontan miles de pequeños negocios, en un contexto de aumento de costes y estrechamiento de márgenes. "La presión fiscal que soportan los autónomos es insostenible frente a las grandes empresas. Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir. Si no se adoptan reformas reales, desde UPTA no dudaremos en tomar medidas drásticas para forzar un cambio. Exigimos un IRPF justo para los autónomos y que las grandes compañías contribuyan de manera proporcional. Es hora de corregir esta desigualdad fiscal que castiga al pequeño negocio y favorece a los grandes", señala Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Según los datos aportados por esta organización, las sociedades en España pagan de media en torno al 20%-22% de sus beneficios en el impuesto sobre Sociedades, "bastante por debajo" del tipo nominal del 25%, gracias a deducciones, bonificaciones y planificación fiscal, y que puede situarse en torno al 7%-15% en grandes grupos empresariales. "El perfil del autónomo medio en España declara rendimientos de actividades económicas en el IRPF que en el mejor de los casos no superan los 60.000 euros. No se trata de una percepción ideológica, sino de una comparación objetiva", apunta Abad, que señala que los tipos que se aplican a los autónomos, dependiendo de sus ingresos, y pueden llegar al 37%.

Estos autónomos argumentan que las sociedades pueden deducir con mayor amplitud gastos de estructura, vehículos, suministros, retribuciones y amortizaciones, de forma que una correcta planificación fiscal puede aumentar el beneficio neto de la empresa. "La posibilidad de diferir dividendos, retribuir vía salario, aplicar reservas de capitalización o nivelación, son estrategias que se traducen en que el socio puede modular cuándo y cómo tributa por los dividendos".

Una situaciómn que se complica aún más si el autónomo tiene un trabajador a cargo. El coste laboral medio por trabajador en 2025 se situó en 3.256 euros al mes, de los cuales, 2.416 euros corresponden al salario y 840 euros a otros costes, principalmente cotizaciones sociales. Esto significa que más de una cuarta parte de lo que paga el empleador no llega al trabajador, según el último informe de la Fundación Civismo. Es decir, que si el empleado cobra 1.400 euros, al empleador le cuesta 2.400 euros, 1.000 euros que se van en impuestos.