Interior no equipara a los guardias civiles de Tráfico pero se gasta más de un millón de euros en 15 radares nuevos

El Ministerio del Interior destina 1.234.200 euros para la compra de, al menos, 15 radares móviles para los vehículos de los guardias civiles de Tráfico. Así consta en los documentos de adjudicación de un contrato que se justifica bajo la premisa de dotar a los agentes "de los medios adecuados para controlar la velocidad de la forma más efectiva posible con la adquisición de cinemómetros dinámicos (móviles) con destino a las diferentes unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

A un lado quedan las denuncias de los agentes ante la falta de personal, de medios técnicos (sin chalecos antibalas y coches obsoletos), la negativa a reconocerles como profesión de riesgo o el rechazo a equiparar sus salarios con el de mossos y ertzatinas... al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska le preocupa que los agentes no puedan "cumplir con los fines que tienen encomendados", según reza en el escrito, y que parece que no es otro que recaudar dinero en multas, amén de garantizar la seguridad del resto de "conductores que circulan por la red vial".

Según consta en el contrato, adjudicado a la empresa Tradesegur S.A.U., y hecho público en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 2 de marzo, cada cinemómetro tendrá un coste de 68.000 euros, por lo que la cantidad total ascendería a 1.020.000 euros. Cifra a la que hay que sumar el 21% de IVA (214.200 euros). En concreto, la Dirección General de Tráfico determina que "los cinemómetros aptos para la medición de velocidad en dinámico y con examen de tipo en vigor, emitido por el Centro Español de Metrología, son el Jenoptik/MRCD 2.0 y el Jenoptik / Multaradar C/TCV".

El su "memoria justificativa" para este contrato, que no será prorrogable ni modificable, Interior vende las bondades de estos radares "dinámicos" y "eficaces". Es más presumen de sus "ventajas", ya que "además de su funcionalidad en modo estático, permiten su utilización en modo dinámico (móvil), sobre todo en vías de alta concentración de vehículos como autopistas o autovías, donde la ubicación de otro tipo de cinemómetros puede resultar un peligro para los propios operadores o para la Seguridad Vial y, por tanto, resultan un complemento importante a los cinemómetros colocados en cabinas o pórticos".

Por todo ello, consideran más que necesario contar con radares de "altas prestaciones, capaz de medir las velocidades de vehículos en varios carriles, tanto en aproximación como en alejamiento, respecto al cinemómetro, y que pueda ser utilizado en varias modalidades de funcionamiento, estático o dinámico (móvil)".

Los desprecios de Marlaska

Y frente a las grandezas de la tecnología, las penurias de los agentes. Porque en esto de "despreciar", el ministro del Interior es todo un experto. Al problema de los turnos, las jornadas maratonianas o la falta de medios y efectivos, se unen otros muchos que afectan a los agentes y que poco o nada parecen afectar a Grande-Marlaska. Es el caso de la equiparación o el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo, reivindicaciones paradas y bloqueadas por el ministro de Sánchez no sólo en los tribunales sino en el Congreso. Lejos de aportar alguna novedad o apoyar la petición de los agentes para que se reconozca la "alta penosidad y peligrosidad" de su trabajo, la Dirección de la Guardia Civil se limita a decir una y otra vez que "las mesas técnicas" están abiertas. De la diferencia salarial entre guardias civiles y mossos o ertzainas... ni una palabra.

Hay que destacar que en el caso de la jubilación, al no ser reconocidos como profesión de riesgo, los guardias civiles no pueden prejubilarse a los 59 años, cobrando el cien por cien de su pensión. Una opción que sí pueden tomar los agentes de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Foral de Navarra o, incluso, los policías locales.

Por no hablar de la modificación de la ley de personal, el aumento de plazas en la Oferta de Empleo Público (OEP) y un tema que lleva años sobre la mesa sin visos de resolverse: la eliminación del Código Penal Militar. Desde esta asociación apuntan que se volvió a solicitar la exclusión de los guardias civiles del ámbito del Código Penal Militar en el ejercicio de funciones policiales y en su vida privada. A su juicio, "esta norma es innecesaria, redundante y fue reimplantada de manera arbitraria".