El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que en las futuras circulares en las que se fijará la regulación y la retribución de las redes gasistas de cara al periodo 2027-2032, que tienen que ver la luz este año, "tenga presente que hay gas para rato".

En su participación en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, Reynés advirtió de que esto "probablemente" no se tuvo en cuenta en el caso de la electricidad el año pasado por el regulador, pero subrayó que habrá que "asegurar" que la inversión del gas y el mantenimiento de esas infraestructuras se lleva a cabo, ya que, si no es así, se puede "incurrir en el error" de, por querer "ahorrarse algo en los peajes, tener después un problema de seguridad".

Así, recordó que hay hechos recientes, en referencia al apagón del 28 de abril, que ya nos han hecho pensar que la inversión, especialmente en el mantenimiento de las infraestructuras gasistas, "es fundamental".

Sobre la evolución de la política energética, Reynés planteó una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para adecuar "ciertos calendarios de generación". Según él, "hay buenas razones", viendo la evolución de la demanda y qué tecnologías la pueden atender.

"Esto no significa que antes se hiciera mal. No tenemos que ser tan rígidos como para decir que como hace un tiempo hicimos una cosa, ya no se puede cambiar", explicó Reynés.

En su opinión, y circunscribiendo la cuestión nuclear al sistema eléctrico, "ha llegado el momento de hacer un excel" y tratar de ver cómo evolucionará "de verdad" la potencia instalada y la generación previsible, y cómo lo hará la demanda para ver si las tecnologías disponibles casan y si son necesarios o no ciertos tipos de energía.

En este sentido, Reynés ha explicado que actualmente la generación está marcada por varios factores: las baterías están entrando con menos capacidad de la prevista y las nuevas instalaciones renovables "van más lentas" porque su rentabilidad -y por ende, el incentivo de los inversores- se ha ralentizado.

A ello se suma que, como país, España quiere dar una oportunidad a aquellas industrias tractoras de conocimiento pero consumidoras intensivas de energía, como son los centros de datos.

Si no se modifica el calendario del apagón nuclear, Almaraz I será la primera en cerrar (1 de noviembre de 2027), seguida de Almaraz II (31 de octubre de 2028). En 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo.

Sobre este horizonte se yergue la política energética del Gobierno, que en su Pniec certificó el acuerdo e impulsó una transición energética basada en el despliegue de fuentes autóctonas, las renovables.

Por otra parte, Reynés estimó que "no hay política energética europea per se", sino únicamente una suma de recomendaciones y visiones nacionales que ralentizan la toma de decisiones estratégicas, lo que representa en sí mismo "una limitación".

En este sentido consideró que la política energética europea sigue siendo el resultado de "voluntades de mínimos comunes" entre los estados miembros, lo que provoca avances lentos y poco coordinados, al depender constantemente de consensos entre 27 países con intereses y realidades energéticas muy distintas.

Por ello, defendió que Europa debería "hacer una labor de tracción de la simplificación y la desregulación".

"No porque no queramos regulaciones, sino porque lo que necesitamos es mayor simplificación de todo", dijo.

Asimismo, indicó que en el debate energético ahora parece que se está imponiendo "más aquello de aumentar el peso del razonamiento basado en la tecnología y abandonar un poco maximalismos ideológicos", aunque subrayó que "va por barrios".

En lo que respecta al llamado trilema energético, Reynés aseguró que nunca se ha llegado a entender "que tenía que ser un triángulo equilátero", buscando un equilibrio entre proporcionar energía "de una forma sólida y segura, a la vez que buscar una asequibilidad de los precios que no impacten ni en el bienestar económico de las familias, ni en la competitividad de las empresas, y también avanzando en la descarbonización".

"Pero sin excedernos en uno u otro, porque cuando se rompe el equilibrio, pues el sistema sufre, y quien acaba sufriendo es la ciudadanía, en forma de personas o en forma de empresas", añadió al respecto.