La Audiencia Nacional regresa al etarra "Fiti" a prisión a la espera de que se resuelva el recurso de Fiscalía

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acaba de devolver a prisión al histórico etarra Joseba Arregi (alias el "Fiti") después de que la Fiscalía haya presentado un recurso contra su progresión de grado, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. El juez no ha entrado a valorar las razones por las que la administración vasca le ha otorgado la semilibertado por segunda vez, sino que directamente suspende esta condición aplicando la nueva jurisprudencia que el Tribunal Supremo marcó en diciembre y el que fuera líder de la banda deberá esperar en la cárcel de Martutene .

El Gobierno vasco había alegado razones de salud ya que el "Fiti" de 77 años de edad, lleva 31 en prisión y sufre múltiples patologías. En 2019 cumplió las tres cuartas partes de su condena, pero la Fiscalía considera que el motivo humanitario para progresarlo de grado no puede basarse únicamente en la edad.

Se trata de la segunda vez que el "Fiti" vuelve a prisión. De hecho, este fue uno de los primeros terceros grados que concedió el Gobierno de Iñigo Urkullu cuando en septiembre de 2021 le fueron transferidas las competencias de Prisiones. El fiscal de la Audiencia Nacional lo recurrió, pero el juez que dicta la tutela penitenciaria tardó ocho meses en pronunciarse. Finalmente, lo devolvió a segundo grado en noviembre de 2022.

La administración vasca ha hecho un nuevo intento de progresión y ahora el togado deberá volver a valorar si los motivos alegados esta vez son suficientes para que Arregi se quede en semilibertad o si revoca esta condición. Pero en este lapso en el que los presos antes podían esperar en la calle, ahora deben hacerlo entre rejas después de que el pasado mes de diciembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional marcara el efecto suspensivo de los recursos de Fiscalía. Una vez se interponen y se admiten, el reo debe volver a la cárcel.

"Fiti" fue el último de los tres jefes etarras detenidos en 1992 en la localidad francesa de Bidart. Está condenado a cerca de 2.000 años de cárcel por su implicación en atentados y su sanguinaria trayectoria si bien su condena se extingue en 2026.

Hasta el momento, la Audiencia Nacional ha corregido en 10 ocasiones al gobierno vasco por terceros grados que no se ajustaban a la legalidad sobre presos de ETA y ha inadmitido otros cinco recursos de Fiscalía, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).