A solo unas horas de que hoy mismo la denunciante del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional declare finalmente en el juzgado sobre la supuesta agresión sexual que atribuye al mando policial el pasado 23 de abril y de que el juez que instruye el procedimiento escuche al propio José Ángel González, fuentes próximas al que fuera «número dos» de la Policía aseguran que está «tranquilo» y con ganas de poder «dar su versión» en sede judicial. Lo hará un mes después de su renuncia al cargo tras ser citado a declarar como investigado tras la querella interpuesta por la inspectora, que le imputa una violación que la defensa del antiguo jefe policial niega.

La mujer tendrá que ratificar su denuncia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Y según fuentes cercanas a la agente acude a esta cita clave «angustiada como toda víctima de un delito tan grave de agresión sexual, y ante la cacería que hay sobre su persona». Según esas mismas fuentes, la policía «está totalmente encapsulada con la escolta policial para evitar presiones de ningún tipo».

La comparecencia del exjefe de la Policía abre la puerta a que las acusaciones –la Fiscalía o la acusación particular que ejerce el abogado de la querellante, el letrado Jorge Piedrafita– puedan solicitar la adopción de medidas cautelares contra González. Descartada una posible petición de prisión provisional, sí parece factible que el abogado de la presunta víctima plantee al instructor la posibilidad de adoptar medidas menos gravosas, como una orden de alejamiento o la prohibición de comunicación por cualquier medio, de forma directa o indirecta, del ex DAO con la denunciante.

Medidas policiales para blindar su identidad

En todo caso, antes habrá que escuchar la declaración de ambos ante el juez y, sobre todo, calibrar cuál es la posición que adopte al respecto el Ministerio Público. Será no obstante el instructor quien deba adoptar una decisión al respecto si finalmente esas peticiones se producen. Las declaraciones del ex jefe operativo de la Policía Nacional y de la inspectora que le atribuye una agresión sexual han generado una gran expectación mediática. De ahí que esta mañana se espere una gran presencia de medios de comunicación en los alrededores de los jugados de violencia sobre la mujer de la madrileña calle de Albarracín. Según fuentes jurídicas, el ex DAO accederá a la sede judicial a pie por la entrada principal.

En el caso de la denunciante, se activará el protocolo de protección a víctimas de violencia de género, por lo que se pondrá en marcha un dispositivo policial para proteger su intimidad por parte de la escolta asignada por el Ministerio del Interior –la decisión la tomó la entonces DAO interina Gemma Barroso–. De ahí que se espera que la agente acceda al recinto judicial por un lugar seguro que impida su exposición pública. Ambos están citados a las diez y media de la mañana en la sede de los juzgados.

Precisamente ayer trascendió que la presunta víctima quiere que el magistrado que investiga los hechos abra una pieza separada para indagar en un posible delito de revelación de secretos por lo que considera una «vulneración del secreto sumarial» por la difusión el pasado día 3 del escrito de la defensa del ex director adjunto operativo en el que se identificaba a la víctima y se reproducían varios textuales de la grabación aportada al juzgado para intentar acreditar la violación denunciada.

"Situación de riesgo"

El abogado de la acusación particular refiere en el escrito remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que por parte de LA RAZÓN y «El Español» se reprodujo el pasado día 3 de marzo el escrito de solicitud de prueba de la defensa de González, alias «Jota», «en el que se reseñaba la filiación completa con nombre y apellidos de la querellante en la solicitud de la mecánica de la solicitud de su elección de destino». Piedrafita quiere que el instructor cite a declarar como testigos a los tres periodistas que firmaron ambas informaciones, entre ellos quien escribe esta crónica, en el marco de esa pieza separada cuya apertura pretende. Además, incide en que las informaciones incluían fragmentos de los audios aportados –respecto a los cuales el letrado pidió sin éxito al juez una especial protección para evitar filtraciones–.

Según pone de relieve la acusación particular, «de forma ilícita e inaceptable terceros ajenos al procedimiento han tenido conocimiento de un documento de la instrucción que se encuentra bajo reserva y por extensión del nombre y apellidos completos de mi cliente como víctima denunciante, implicando ello una grave intromisión en su privacidad, seguridad e integridad como víctima de los delitos denunciados».

Y recuerda que dada la «situación de riesgo» en la que se encuentra la presunta víctima, el Ministerio del Interior procedió a «la implantación de una escolta policial las 24 horas del día» para preservar así «su seguridad e integridad». Algo que, según expone, «con esta filtración se pone en claro y objetivo peligro, tanto suyo como de los efectivos policiales que la custodian».

El letrado invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender que la investigación «es necesaria cuando hay indicios de divulgación y de daño, aunque el foco de filtración sea aún desconocido». Lo contrario, avisa, «generaría un espacio de impunidad precisamente en los supuestos donde la autoría se oculta por el modo de comisión».

Dos versiones contrapuestas

En el trasfondo de esta iniciativa está la negativa del instructor a blindar el acceso al audio de 40 minutos aportado al juzgado por la supuesta víctima. La acusación particular intentó que el juez restringiera el acceso a esas grabaciones –que considera determinantes para acreditar la supuesta agresión sexual, aunque el abogado del ex DAO «no sustenta el relato de la querella, sino todo lo contrario»–, pero obtuvo un rechazo por respuesta. El juez argumentó que el traslado de esa documentación se realizaba a las partes «a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad». Un canal «seguro» que ahora cuestiona el letrado de la denunciante ante lo que considera filtraciones del procedimiento que ponen en riesgo su seguridad.

En la querella que dio origen al procedimiento, el abogado de la policía afirma que fue víctima de una agresión sexual en la residencia oficial del entonces DAO. «Pese a las negativas inequívocas, claras y persistentes de la querellante» a mantener relaciones sexuales –afirma– el mando policial «desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima».

Sin embargo, en el escrito enviado al juez el letrado de González, José Carlos Velasco, niega esa agresión sexual y enmarca lo sucedido en una escena «marcada por los celos». «Se aprecia complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal» en un «entorno de confianza» que considera «incompatible» con el relato de la policía, que insiste en que con su actitud evidenció una «negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento» a plegarse a sus deseos.