Cambio de embarcación. Desde este pasado domingo la fragata Méndez Núñez, se ha integrado al grupo de ataque del portaaviones francés Charles de Gaulle afincado en Chipre para "monitorizar" el impacto de la guerra de Irán sobre el territorio. La marina francesa, la embarcación ocupará el lugar de la Cristóbal Colón que acumulaba cerca de 80 días en los mares.

En la misión asignada replicará la protección y defensa aérea del grupo de ataque francés y de los países aliados integrados en la OTAN. A este cambio se ha sumado la batería de antimisiles MIM-104 Patriot desplegados en Turquía. En este sentido, participará en apoyo humanitario a los ciudadanos afectados por el conflicto entre Irán e Israel, en el que ha entrado desde hace meses la Administración Trump.

En las postrimerías del mes de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó que el relevo se produciría en la "normalidad" de los relevos. "El Gobierno de España tiene muy claros sus principios. Entre ellos, la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras", sentenció en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Aparentemente sin fisuras sobre el "inofensivo" anuncio, no se cumplieron los requisitos legislativos fundamentales. El pasado viernes desde las filas populares, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recordó que ni la Cristóbal Colón ni la Méndez Núñez recibieron la autorización de la Cámara Baja. "Lo suyo no es 'No a la guerra', sino al Parlamento. Sánchez moviliza otra fragata para enviarla a zona de conflicto", declaró en su cuenta de X.

En su respuesta, el Ejecutivo sostuvo que este despliegue no requiere autorización del Parlamento porque Chipre no es una zona de guerra y se trata de una misión de la OTAN que ya estaba en marcha y a la que se ha modificado su mandato.

La Ley de Defensa Nacional obliga a la autorización del Congreso

Entre este maremágnum de opiniones cruzadas, LA RAZÓN ha consultado la Ley de Defensa Nacional que regula las misiones de las Fuerzas Armadas fuera de nuestras fronteras. Aprobada en 2005, la norma reconoce que el Gobierno tiene la capacidad de ordenar despliegues, pero introduce un elemento esencial: siempre deberá contar con la aprobación de la Cámara Baja.

Primando el "interés nacional", el Gobierno "realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados". En el caso de que las condiciones materiales obliguen a una respuesta acelerada, "los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia". En el tercer supuesto señalado en el artículo 17 de la regulación, siempre que por "razones de máxima urgencia" no fuera posible, el Gobierno se "someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión" que haya dictaminado.

Este procedimiento no es papel mojado. Antes de la llegada de Sánchez a Moncloa ha sido la práctica habitual. Entre los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy solicitaron 26 autorizaciones parlamentarias para misiones en el exterior. Figuran operaciones de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas. La última autorización se produjo en 2018. Un mes más tarde del anuncio, la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, no ha sometido la decisión a una votación a posteriori.