La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado que en tres adjudicaciones de Adif a Acciona el precio del contrato aumentó casi un 20% cuando todavía no había comenzado la ejecución del proyecto, lo que supuso un "incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20%", incumpliendo la normativa sobre modificaciones. Algo que se repite en otros dos contratos adjudicados por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, también a Acciona.

Así lo pone de relieve en el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del "caso Koldo" y que indaga en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública después de que el Tribunal Supremo le remitiera la causa al perder José Luis Ábalos -investigado al igual que Santos Cerdán y Koldo García- su condición de aforado. Un informe en el que además pone de relieve que el coste de las obras del Puente del Centenario de Sevilla se infló cinco millones de euros por tomar como referencia el precio del acero en enero de 2022, y no en mayo de 2021, fecha de adjudicación del contrato.

La IGAE expone en ese dictamen, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que en esos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación fueron los juicios de valor y en dos de ellos "no parece posible" que la diferencia de puntuación por este criterio "se pudiera revertir" con la puntuación obtenida por el precio ofertado.

De esos contratos, tres fueron adjudicados por Adif a Acciona, bien de forma individual o integrada en una UTE con Ferrovial Agroman, y otros dos a la UTE Obras Públicas y Regadíos y ASCH Infraestructuras y Servicios, aunque posteriormente se adjudicó un contrato de emergencia a Obras Públicas y Regadíos y otro a LIC (Levantina Ingeniería y Construcción), la sociedad del empresario José Ruz vinculada a la "trama Koldo".

Por orden del juez Puente

La IGAE cumplimenta así el mandato judicial efectuado en septiembre del pasado año por el entonces instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le encomendó elaborar un informe sobre esos once contratos bajo sospecha, cinco adjudicados por Adif y seis por la Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones estas por las que están investigados la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el que fuera director general de Carreteras del Ministerio de Transportes Javier Herrero.

Uno de los proyectos sobre los que se pronuncia la IGAE es el soterramiento de la línea del AVE a su paso por la estación de Barriomar, en Murcia, por 208,5 millones de euros (incluyendo también el soterramiento de Nonduermas) y que fue licitado por 239,8 millones.

Tras señalar que el proyecto y el expediente de contratación se tramitaron "con mucha celeridad", el informe pone de relieve que han sido "los criterios basados en juicios de valor los que han determinado la adjudicación" (a la que concurrieron diez ofertas). Pese a que, detalla, estos criterios ponderaban 40 puntos y los de fórmulas (precio), 60.

Así, la UTE Ferrovial Agroman-Acciona obtuvo 36,17 puntos de 40 en base a esos criterios de juicios de valor (3,04 más que el segundo y un mínimo de 5,83 sobre el resto).

"Cuestiones sobrevenidas" bajo sospecha

No obstante, precisa que la UTE obtuvo la segunda mejor oferta no incursa en temeridad, por lo que "aunque no hubiera obtenido una diferencia tan elevada en los criterios basados en juicios de valor habría resultado adjudicataria".

La IGAE reseña que puesto que el pliego "no contemplaba las modificaciones previstas", estas debían cumplir lo que determina al respecto la Ley de Contratos del Sector Público.

Pero a este respecto llama la atención sobre el hecho de que aunque Adif autorizó la modificación del contrato por 17,4 millones en términos de ejecución material por "circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y otros 19 millones por modificaciones no sustanciales, esas cantidades terminaron alterándose en la propuesta técnica para la solicitud de continuación de las obras. Así, la primera cantidad ascendió a 20,8 millones y la segunda se redujo a 15,6.

Y es que esos 20 millones por "circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" incluían 17,3 millones para el tratamiento y traslado de suelos contaminantes en la estación del Carmen, que según el contratista se contemplaba en el proyecto, por lo que "difícilmente puede ser imprevisible".

Por lo tanto, no se pudo tramitar esa modificación "y se tuvo que haber resuelto el contrato", pues el importe de las modificaciones no sustanciales superaba el máximo legal y los trabajos para esa descontaminación de suelos, además, "no eran imprevisibles".

Finalmente, el precio del contrato se elevó a 190,1 millones sin IVA (al sumarle 31,3 millones del modificado).

Obras del AVE en Murcia

La IGAE también constata el gasto adicional de 43,5 millones que supuso la segunda modificación del contrato, aprobado en febrero de 2023 por Adif. Sin embargo, en la plataforma de contratación del sector público esta modificación figura con un importe negativo de 3,4 millones.

En cuanto a las obras de puesta en servicio de la Estación Murcia del Carmen licitadas en septiembre de ese mismo años -el proyecto, en total, supuso un desembolso de 13,5 millones de euros y fue adjudicado a la misma UTE- Intervención del Estado, de nuevo los juicios de valor fueron determinantes, pues Acciona y Ferrovial ofrecieron la séptima mejor oferta de ocho (la última fue considerada temeraria).

"Este proyecto no se debió tramitar como proyecto independiente", concluye la IGAE, sino como un modificado del anterior. Se hizo, afirma, para que no superar el 20% del contrato primitivo y evitar resolver el contrato. En ese caso, subraya, "se tenían que haber aplicado los precios del proyecto primitivo".

La IGAE también aborda la adjudicación de Adif en 2019 para el proyecto de construcción de la integración del ferrocarril a su paso por Sant Feliu de Llobregat, licitado por 68,8 millones, en el que aprecia "bastantes puntos de coincidencia con el proyecto de Murcia", y al que se presentaron 17 empresas, resultando Acciona adjudicataria, que presentó una oferta de 51,7 millones.

En julio de 2022 se aprobó la modificación del contrato, recuerda, que supuso un incremento del precio de 10,2 millones, quedando fijado en 62 millones.

En el proyecto de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad del tramo Murcia-Almería (tramo Pulpí-Vera), licitado por 170,9 millones (se presentaron 14 ofertas), la IGAE recuerda que se adjudicó en febrero de 2019 a la dupla Ferrovial-Acciona por 121,1 millones.

Cuestiona la tramitación de obras de emergencia

En julio de 2022, se modificó el contrato, incrementando su precio en 24,1 millones, un 19,9% más. Sin embargo, el informe señala que "no parece que se den las circunstancias que legitiman la posibilidad de modificar el contrato conforme a lo establecido en los pliegos". Para la IGAE "de las reservas del contratista no se deduce la existencia de ninguna causa sobrevenida" que justifique que el precio de los trabajos aumente.

Otras de las adjudicaciones sobre las que la IGAE plantea sus objeciones son el proyecto para la construcción de puentes y túneles en el trama Monforte-Lugo, licitado por nueve millones de euros y adjudicado a Obras Públicas y Regadíos y ASCH por 7,3 millones (se presentaron otras 17 empresas). De nuevo, una modificación posterior en noviembre de 2024 elevó el montante en 896.4499 euros.

Este proyecto contó con una obra de emergencia por 1,4 millones adjudicada a ASCH Infraestructuras y Servicios, obras que "no se debieron tramitar como un contrato independiente adjudicado por emergencia".

Respecto a las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras, dos de los seis contratos se adjudicaron a Acciona Construcción en UTE con otras empresas, contratos en los que se produjeron modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto cercano al 20%, al igual que sucedió en las adjudicaciones de Adif.