El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia que interpuso Manos Limpias contra el vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, en relación al rescate de Air Europa.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN en primicia, cita ya al responsable del sindicato, Miguel Bernad, para que comparezca, en calidad de denunciante, el próximo miércoles 22 de abril a las 12:00 horas en la sala de vistas del mencionado tribunal.

Esta citación tiene por objeto "hacerle ofrecimiento de acciones" al líder del colectivo de funcionarios y "tomarle declaración" en relación al delito de prevaricación administrativa del que acusa al "número dos" de la SEPI por la concesión de la ayuda de 475 millones de fondos públicos a la aerolínea de Globalia, que fue aprobada en el Consejo de Ministros en noviembre de 2020.

En su denuncia, interpuesta ante la Justicia el pasado diciembre, recordó que era Lora -"que ejercía entonces funciones delegadas de presidente del consejo gestor"- el que gestionaba el fondo de apoyo a empresas estratégicas del que salió el dinero que fue entregado a Air Europa por parte del Gobierno.

Manos Limpias instaba al magistrado que asumiese por reparto el asunto a impulsar que este alto cargo tuviese que "aclarar si fue impuesta la ayuda desde" el Ejecutivo de Pedro Sánchez y también a interrogar al exministro socialista José Luis Ábalos sobre la existencia "de una reunión secreta" en su domicilio "donde se pactaron las condiciones del pago del segundo plazo del rescate a Globalia".

Entre las supuestas irregularidades señaladas, figura, por ejemplo, que la línea aérea mantendría deudas con Hacienda (según el denunciante de casi 59 millones de euros en concepto de "cuotas e intereses"), que le habría impedido ser rescatada puesto que uno de los requisitos -dice la denuncia- era el de "no tener deudas" con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

En esta línea, el sindicato destacaba que la sociedad beneficiaria de esta millonaria subvención fue, formalmente, "Air Europa Holding SLU", que había sido constituida menos de un año antes, concretamente el 20 de diciembre de 2020.

"Nos parece una ilegalidad absoluta que una sociedad con menos de un año de vida se pueda acoger a un préstamo procedente de Europa de 475 millones de euros, en condiciones tan ventajosas", refería, al respecto.

Siguiendo con lo relativo a la dimensión europea del rescate, en la acción penal se decía que la entrega del importe del rescate a la compañía aérea de la familia Hidalgo "fue fraccionada en dos créditos" por importes de 240 y 235 millones, respectivamente, "para evitar el control de la Comisión Europea". Puesto que esta institución comunitaria habría fijado "en los 250 millones de euros la cantidad límite que obligaba a solicitar autorización" a Bruselas.