España es actualmente el único país de la Unión Europea que no está aplicando un umbral electoral estatal de entre el 2% y el 5% de los votos para obtener representación en las elecciones europeas. Se trata de una reforma obligatoria, mandatada por el Consejo Europeo desde 2018, y que el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a implementar por la presión de sus socios, especialmente el PNV.

Ahora, el PP ha puesto el foco parlamentario en este asunto y, según ha podido saber LA RAZÓN, ha registrado una serie de preguntas por escrito sobre ello en el Congreso de los Diputados. Esta acción por parte de los populares obligará a la Moncloa a dar explicaciones sobre por qué España es el único país que se salta una medida que perjudica a los principales partidos estatales (también al propio PSOE) en beneficio de formaciones más pequeñas con muchos menos votos y que ya tenía que haber entrado en vigor en las pasadas elecciones europeas de 2024.

Los comicios europeos siempre se han considerado una puerta para que los partidos más pequeños obtengan representación y, con ello, financiación pública y otras facilidades. Ahí se estrenaron, por poner dos ejemplos, Podemos y Se Acabó La Fiesta como sondeo antes de dar el salto a las generales. Esto se debe a que el sistema facilita que obtengan diputados con muy pocos votos.

Sin embargo, en 2018 el Consejo Europeo aprobó una reforma del Acta Electoral Europea que obligaba a los Estados miembro a una serie de reformas, como la de elevar el umbral mínimo obligatorio a un porcentaje de voto entre el 2% y el 5%. España, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, también votó a favor de esta reforma. Pero todos los países lo han implementado en sus leyes electorales, todos menos España.

El motivo para evitar la reforma es que muchos de los socios de Pedro Sánchez acabarían perjudicados por ese umbral mínimo. Por ello, el PNV logró en 2023 que el PSOE aceptara no impulsar ninguna modificación de la ley electoral española como condición para votar a favor de la investidura de Sánchez.

Las elecciones europeas de 2024, en las que la reforma ya se tendría que haber aplicado, permitieron ver por qué: CEUS, la coalición que integra al PNV y a Coalición Canaria, obtuvo el 1,61% de los votos. Es decir, se habría quedado sin representación si el umbral mínimo se hubiera establecido en el 2%. Si se hubiera establecido en el 5%, escenario que también permite la reforma europea, también se habrían quedado sin diputados Sumar, Junts, Podemos, Se Acabó La Fiesta, Bildu, BNG y ERC. Dicho de otra forma: los 61 diputados que elige España se habrían repartido exclusivamente entre PP, PSOE y Vox.

Este incumplimiento ha generado malestar en Bruselas y el pasado 20 de enero el Parlamento Europeo instó a España a llevar a cabo la reforma electoral que tiene pendiente. Señalaba, además, que mientras España no haga su trabajo va a estar bloqueando la plena entrada en vigor de disposiciones obligatorias de otros países, como es el caso de Alemania. Incluso el expresidente del Gobierno Felipe González denunció el pasado martes, en un acto en el Ateneo de Madrid, que Sánchez no estuviera llevando a cabo la reforma electoral por la dependencia de los socios.

"El Gobierno de España no puede tomar decisiones sobre política exterior basadas en cálculos partidistas y de ventaja política interna", aseguran desde el PP, en la pregunta parlamentaria registrada y a la que ha podido acceder este diario. "Es tremendamente perjudicial para nuestra imagen como país, para nuestra credibilidad internacional y para nuestra coherencia estratégica", añaden en su escrito los diputados José Antonio Bermúdez de Castro y Milagros Marcos.

Por ello, preguntan al Ejecutivo que cuándo tiene previsto reformar la ley electoral para aplicar la reforma del Acta Electoral Europea y "qué valoración hace el Gobierno de España de informe aprobado por el Parlamento Europeo donde se desechan los argumentos de 'problemas jurídicos' que había esgrimido para justificar la no aplicación de la reforma". También preguntan si Moncloa cree que este tipo de llamadas de atención "perjudican la imagen y la fiabilidad de España" ante sus socios europeos.