Los papeles del 23F agitan la política y la prensa sin inquietar a los historiadores

La desclasificación de la documentación hasta ahora secreta que tenía el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado de 1981 ha agitado esta semana toda la actividad política y periodística, pero sin inquietar a los historiadores, que han remarcado la escasa trascendencia de esos papeles, informa la agencia EFE.

El lunes se cumplían 45 años del 23F y el día comenzó con un anuncio en redes sociales a primera hora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros iba a decidir publicar los documentos ya, sin esperar a conseguir la complicada mayoría parlamentaria para el proyecto de ley que aprobó el año pasado.

Lo decidió el martes y se publicaron el miércoles a primera hora de la tarde, por lo que hubo más de cincuenta horas de especulaciones en las declaraciones políticas y en las tertulias periodísticas sobre qué contendría esa documentación que en su día fue clasificada como reservada o secreta. Podían estar a punto de desvelarse las claves de la operación Armada, el papel del Cesid o quién era el mando militar esperado por Tejero, conocido como 'elefante blanco', unas incógnitas que han sobrevolado durante casi medio siglo.

El Gobierno alimentó las expectativas al avanzar la portavoz, Elma Saiz, que se incluirían las transcripciones de los pinchazos telefónicos, mientras el PP y Vox apuntaban que era una cortina de humo para desviar la atención hacia un tema que interesa a Sánchez.

Las llamadas desde el Congreso

Cuando los miles de folios escaneados se colgaron en internet, las redacciones periodísticas se volcaron el miércoles en desgranar qué mensajes guardaban cierto interés, y destacaron pronto algunas notas internas del Cesid, como la que sugiere que al menos seis de sus miembros estuvieron al tanto de los preparativos del asalto al Congreso.

También resaltaron conversaciones privadas pinchadas, en especial las de la esposa de Tejero, que divulgaba a sus conocidos que su marido había sido traicionado por algunos de sus superiores, y las charlas de soldados con sus familias sobre la experiencia recién vivida.

No obstante, entre la profusa documentación, los periodistas lamentaban que muchos papeles tuvieran fuentes anónimas y carecieran de datos sobre su procedencia y custodia, y también que la mayoría sean sobre lo ocurrido una vez que el golpe había fracasado. Sobre todo, faltaba lo que era más esperado, la transcripción de las llamadas hechas desde el Congreso, salvo alguna excepción, y desde la Zarzuela en la tarde del día 23, que, según investigaciones periodísticas, sí fueron grabadas.

Además, sorprendía por qué muchos de los documentos habían sido etiquetados como secretos durante 45 años, cuando algunos ni siquiera lo eran, por ejemplo teletipos de EFE y dosieres de prensa. Y justo en la tarde del miércoles, con los detalles del 23F desbordando la actualidad informativa, como una broma del destino, se abrió paso en las portadas la noticia de que su icónico protagonista, Antonio Tejero, acababa de fallecer precisamente ese día, en Alzira (Valencia), a los 93 años.

Juan Carlos I, en el foco

La resaca política del jueves llevó a que desde el PSOE se apuntase a que la desclasificación había servido para hundir las teorías de la conspiración sobre el 23F, mientras los partidos a su izquierda lamentasen que pareciera una operación de blanqueo del rey Juan Carlos I.

De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el regreso a España del rey Juan Carlos, a su juicio refrendado como garante de la Constitución por los documentos desclasificados, pese a que su residencia en Abu Dabi nunca tuvo relación con esos hechos. Se fue en 2020 tras conocerse que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, sin fiscalizar por Hacienda, seis años después de que abdicara, a su vez, por otros escándalos.

La Casa del Rey, al advertir el viernes de que si regresa tendrá que tributar en España, recondujo el debate propuesto por Feijóo a sus verdaderos términos. No obstante, la posibilidad de que el padre del rey vuelva ha quedado, tras la vorágine de esta semana, como la principal derivada política de la desclasificación, a pesar de que los historiadores consideren que apenas se han aportado novedades.

Aunque sean cantidad, los documentos no contienen "nada relevante", explicó a EFE el experto Roberto Muñoz Bolaños, quien indica que los papeles que sí pueden arrojar luz son los que custodia el Tribunal Supremo, porque los 6.500 folios del sumario y otros 2.000 del juicio oral permanecen clasificados.

El Gobierno no podía desclasificar esos y el poder judicial no lo hará hasta pasados cincuenta años, dentro de al menos un lustro. Otro historiador, Julián Casanova, destaca que lo desclasificado ahora confirma que Zarzuela detuvo la intentona golpista, pero continúa dejando en el aire si supieron con anterioridad "lo que se estaba cociendo". Por tanto, los nuevos viejos papeles rellenan páginas de intrahistoria, mientras la historia sigue igual.