La investigación sobre Begoña Gómez ha incluido un razonamiento que ha llamado especialmente la atención: la comparación que el juez Juan Carlos Peinado establece entre la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ciertos comportamientos atribuidos históricamente al rey Fernando VII.

El magistrado recurre a este paralelismo no como valoración política, sino como recurso histórico para contextualizar la importancia de evitar cualquier forma de influencia indebida en las instituciones públicas.

El juez fundamenta su análisis en la posible existencia de indicios de tráfico de influencias, un delito recogido en los artículos 428, 429 y 430 del Código Penal.

Estas normas sancionan a la autoridad o funcionario que influye sobre otro prevaliéndose de su cargo, al particular que influye aprovechando una relación personal y a quien se ofrece a realizar estas conductas a cambio de remuneración.

Para explicar por qué considera relevante investigar si se produjo una influencia derivada de la relación personal entre Begoña Gómez y el presidente del Gobierno, el magistrado recurre a ejemplos históricos de concentración de poder y presión institucional.

El juez utiliza el ejemplo de Fernando VII para contextualizar riesgos de concentración de poder y justificar la necesidad de investigar posibles presiones en la Complutense

Es aquí donde aparece la referencia a Fernando VII, un monarca cuya figura está asociada a episodios de absolutismo, supresión de contrapesos y control directo sobre instituciones civiles, académicas y judiciales.

Durante su reinado, Fernando VII derogó la Constitución de 1812, disolvió las Cortes, persiguió a funcionarios que actuaban con autonomía y utilizó su autoridad para influir en decisiones administrativas y académicas. Historiadores coinciden en que su gobierno se caracterizó por la centralización extrema del poder y por la utilización de su posición para condicionar decisiones ajenas. Este es el marco histórico que el juez utiliza como referencia conceptual.

A partir de ahí, el magistrado detalla una serie de hechos que, en su criterio, justifican continuar investigando si existió una influencia institucional derivada de una relación personal.

Entre ellos menciona la reunión en La Moncloa entre Begoña Gómez y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien declaró que apenas la conocía y que sabía de ella por ser “la mujer del presidente del Gobierno”.

También recoge la frase que, según el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio, le trasladó el rector: “hay que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente”, una instrucción que el juez considera especialmente relevante.

El magistrado subraya además la ocultación de esa reunión al propio vicerrector, la rapidez con la que se tramitó la creación de la cátedra, la ausencia de comprobación del currículo, y las cartas de apoyo firmadas por la investigada en favor de una UTE vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, coincidiendo con reuniones en La Moncloa y con el registro de la marca TSC, que posteriormente daría nombre a la cátedra.

El juez también destaca la secuencia completa del proyecto, desde el registro de la marca hasta la creación de una sociedad mercantil con el mismo nombre, pasando por el desarrollo del software y el registro del dominio web a nombre de una colaboradora, posteriormente transferido a la investigada.

Según el magistrado, la cátedra habría servido además como medio de desarrollo profesional privado, con remuneración incluida.

En este contexto, la comparación con Fernando VII funciona como un aviso histórico: cuando el poder político o personal se proyecta sobre instituciones que deben actuar con autonomía, es necesario examinarlo con especial rigor. Esa es la tesis que el juez pretende ilustrar mediante el paralelismo.