La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reúne este miércoles a las 10.30 horas a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en una cita marcada por el choque frontal con los consejeros del PP, que llegan al encuentro dispuestos a cuestionar de raíz la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentada el viernes y que atribuyen a las cesiones del Gobierno a ERC.

Montero llevará a la mesa un planteamiento con el que eleva en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades de régimen común en 2027, hasta los 224.507 millones, pero el propio Ministerio asume que el CPFF será solo informativo: el nuevo sistema aún tiene un largo recorrido antes de poder entrar en vigor, según el calendario del departamento, y no se votará este miércoles.

El PP denuncia que el esquema nace condicionado por el pacto con el independentismo catalán y sostiene que un modelo “negociado de forma bilateral” con ERC no puede beneficiar al conjunto del país. El vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, ha fijado esa línea de oposición, a la que se ha sumado la Comunidad de Madrid: su consejera de Hacienda, Rocío Albert, sostiene que el nuevo modelo sirve para “financiar la fiesta independentista” y “perjudica a los madrileños”.

Aun así, los responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP acudirán para conocer el detalle del plan, aunque no descartan levantarse de la mesa cuando se someta a votación la reforma —todavía sin fecha— o incluso durante la exposición de la ministra. “Primero vamos a sentarnos a escuchar y que nos expliquen el porqué de las cosas, y después decidiremos”, resume uno de los catorce consejeros populares presentes.

El pulso político se ha trasladado ya al terreno orgánico. Alberto Núñez Feijóo ha convocado a sus presidentes autonómicos en Zaragoza para articular una respuesta conjunta contra lo que define como un “agravio” derivado del modelo pactado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El líder del PP lo ha descrito como “corrupción política” y ha cargado contra la idea de que “un señor que no quiere ser español” condicione el reparto “del dinero de todos los españoles”.

Montero rechaza ese marco y acusa a los populares de instalarse en un debate de “agravio territorial”, en el que pesan más las siglas de los socios del Gobierno que el contenido de las medidas. La propuesta ha encontrado respaldo en Cataluña: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presenta como un avance para la “España diversa”, y ERC sostiene que “es bueno para todos” y “no es malo para nadie”. Junts, por el contrario, ha anunciado una enmienda a la totalidad “constructiva” al entender que el texto mantiene el “café para todos” y no incorpora una “singularidad” catalana real.

En lo técnico, Hacienda plantea reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal aumentando la cesión de impuestos: las comunidades pasarían a recibir el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA —frente al 50% actual—, con un incremento estimado de 16.000 millones en 2027. Ese 55% se queda lejos del 100% de IRPF que exige ERC, un extremo sobre el que Montero admite que “no hay acuerdo” y que sigue abierto.

El modelo mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos y deja a las comunidades el 100% de figuras como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el impuesto sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, tasas y el impuesto sobre electricidad. Además, incorpora a la cesta Patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios y gravámenes ambientales sobre residuos.

Para el reparto, Hacienda conserva la “población ajustada” con ajustes y añade una variable específica para despoblación. En esa fórmula, el padrón pesará un 30%; la población protegida, un 38%; la educación de 0 a 17 años, un 17%; la educación de 18 a 24 años y alumnos desplazados, un 3,5%; y los servicios sociales, un 7% por mayores de 65 años y un 1,5% por parados sin prestación. Se añaden factores territoriales y un 0,4% de costes fijos para reconocer dificultades de escala.

Hacienda introduce también mecanismos de nivelación: una horizontal del 75% para acercar la financiación por habitante ajustado a la media y una vertical con 19.000 millones para reducir en dos tercios la distancia respecto a la comunidad con más recursos, que es Madrid. Esa aportación estatal procederá del 5% del rendimiento del IRPF y de transferencias adicionales.

La propuesta incluye además el Mecanismo IVA Pymes, voluntario, para que las comunidades que se acojan reciban una parte de la recaudación de IVA generada por pymes en su territorio, sin impacto en la financiación del resto, aunque con un compromiso de permanencia de cinco años. Y crea un Fondo Climático de 1.000 millones para preparar a las autonomías ante adversidades meteorológicas, con un reparto que favorece al litoral mediterráneo. Se incorpora asimismo una cláusula de “status quo” para garantizar que ninguna región reciba menos que con el sistema anterior, financiada con aportación estatal, con efecto destacado en Cantabria y Extremadura.

En el reparto estimado de los 20.975 millones adicionales, Andalucía sumaría 4.846 millones y Cataluña 4.686; Comunidad Valenciana, 3.669; Madrid, 2.555; Castilla-La Mancha, 1.248; Murcia, 1.188; Aragón, 629; Canarias, 611; Galicia, 587; Baleares, 412; Castilla y León, 271; Asturias, 248; La Rioja, 25. Cantabria y Extremadura se beneficiarían además por la reformulación del Fondo de Compensación Territorial, con 46 y 216 millones, respectivamente.

Tras el CPFF, Hacienda prevé abrir una ronda de reuniones bilaterales y técnicas con las comunidades y redactar el texto de la Ley Orgánica en un par de meses. Después, deberá pasar por doble vuelta de Consejo de Ministros, audiencia pública y un nuevo CPFF para votación antes de llegar al Congreso, con el objetivo de que el sistema entre en vigor en 2027.