Sorpresa en el "caso Begoña Gómez": Manos Limpias reclama que se deje de investigar a la asesora de Moncloa

Manos Limpias se desvincula, sorpresivamente, del resto de las acusaciones populares unificadas, que lidera Hazte Oír, y pide el fin del procedimiento por jurado en el "caso Begoña Gómez" y que se deje fuera de la investigación a la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa, Cristina Álvarez, según ha podido saber LA RAZÓN en primicia.

Respecto a la asistente de Gómez, defiende que procede el sobreseimiento de las actuaciones contra ella "en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria".

Citando una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, trae a colación que solo podría incurrir en un delito de malversación quien, cobrando un sueldo público, "no prestase ninguna de las funciones para las que ha sido nombrado".

Manos Limpias sostiene que "no puede deducirse de su participación en las cuestiones de la cátedra extraordinaria" (que la pareja de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid) que la trabajadora de Presidencia del Gobierno hubiese participado "de modo más o menos directo en el plan concebido" por su jefa.

Resulta "más razonable" para esta acusación "asumir que obedeció órdenes de quien entiende su superior jerárquico" a efectos materiales, la propia Gómez, y, con ello, "se vio inmiscuida en sus actividades privadas, al margen de sus actividades públicas".

En un escrito, conocido por este diario, el sindicato reclama al juez Juan Carlos Peinado que no se envíe a la esposa del presidente del Gobierno y al empresario Juan Carlos Barrabés a un procedimiento por tribunal de jurado al entender que los delitos que son objeto de la instrucción no son de su competencia.

Puesto que estima que "no es menos verosímil" que se les pueda imputar también prevaricación y respecto a lo que haría falta, defiende, que se practiquen nuevas diligencias de investigación que esta parte ya adelanta que propondrá. "Una vez practicadas, impediría por conexidad (con los ilícitos de malversación de caudales públicos y tráficos de influencias) la continuación del procedimiento por los cauces del jurado".

En cuanto al uso de la asesora del Gobierno, solo ve preciso dirigir la investigación contra la esposa del jefe del Ejecutivo por haber hecho "uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares", pero también -subraya- contra "la autoridad que la nombre y lo toleró".

Por otro lado, el sindicato, al que representa el despacho Soriano i Piqueras, niega que Gómez pueda haber cometido un delito de intrusismo profesional, dado que, entiende, "carece de sustento jurídico y pone en riesgo el buen fin del proceso". Tampoco observan la posible existencia de apropiación indebida del software, ya que, argumenta, que "no se encuentra tipificado como tal". Ni de corrupción en los negocios porque los hechos se habrían producido "en el marco de relaciones y organismos de derecho público" y este delito se refiere a acciones relativas "a negocios entre particulares".

Además, la entidad de Miguel Bernad solicita que se desagrupe a la acción popular, ante la existencia de una "divergencia de postulados que hace incompatible en este punto la intervención" bajo un mismo paraguas procesal.