El TSJ vasco tramita la denuncia de Manos Limpias contra la consejera de Justicia por la semilibertad de "Txeroki"

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya tramita la denuncia interpuesta por Manos Limpias por prevaricación contra la consejera de Justicia, María Jesús San José, y el director de Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo autonómico, Pablo Martínez Larburu, por acordar la semilibertad del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki" el pasado febrero.

La Sala de lo Civil y Penal del tribunal superior ha designado ponente del asunto al magistrado Juan Manuel Iruretagoyena y ha dado cinco días de plazo al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad -quien firmó la denuncia- acredite su condición de representante del colectivo de funcionarios.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico, la letrada de la Administración de Justicia del TSJ vasco acuerda que se dé traslado de la incoación de las diligencias a la Fiscalía, que apoyó en la Audiencia Nacional la decisión de aplicar al exdirigente de la banda terrorista -condenado a penas que suman más de 400 años de prisión- el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la situación penitenciaria (con salidas de prisión en días laborables regresando a dormir a la cárcel) para trabajar y avanzar en el objetivo de la reinserción.

Designa a los integrantes de la Sala

En esa diligencia de ordenación, se designa igualmente a los integrantes de la Sala que conocerá de los recursos: los magistrados Ignacio José Subijana, presidente del TSJ vasco, Nekane Bolado, Francisco de Borja y Manuel Ayo.

Manos Limpias denuncia la aplicación "espuria" del Reglamento Penitenciario, de la que responsabiliza a Larburu y a la propia consejera, porque según asegura "la resolución del director general no se concibe sin la anuencia, el beneplácito e incluso el mandato de la consejera".

Según el colectivo de funcionarios, la transferencia al País Vasco en 2021 de las competencias penitenciarias "está siendo aplicada de manera espuria, ilegal e ilícita favoreciendo excarcelaciones y grados de progresión a etarras condenados por delitos de terrorismo".

El caso "más escandaloso y flagrante", afirma, es el del "Txeroki", que según pone de manifiesto no cumple con los requisitos legales para beneficiarse de la medida porque "no ha cumplido la cuarta parte de la condena", no se ha arrepentido ni ha afrontado el pago de «su responsabilidad civil con las víctimas». Por ello, considera que "la flexibilidad del Reglamento Penitenciario ha sido utilizada con fraude de ley".

Oposición de las víctimas

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó la semilibertad de "Txeroki" como "un nuevo varapalo para las víctimas del terrorismo" y denunció que la vía del 100.2 "se ha convertido en un tercer grado encubierto", en "una herramienta legal que permite flexibilizar el régimen penitenciario de quienes no cumplen los requisitos necesarios para acceder al tercer grado ordinario". La asociación que preside Maite Araluce hizo hincapié recordó entonces que desde febrero de 2022, cuatro meses después del traspaso de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco, este ha concedido 113 progresiones a tercer grado a 93 presos de ETA.

También el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero -que ahora estudia la posibilidad de personarse en el procedimiento contra la consejera vasca de Justicia- cargó contra la utilización del artículo 100.2 como "un coladero". "Decenas de etarras condenados en firme por delitos de sangre están siendo puestos en semilibertad, no por su buen comportamiento ni porque estén colaborando con la justicia, sino porque es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que este continúe en La Moncloa", denunció.