Condenan al alcalde de Ourense por mandar callar a la oposición

El verbo fácil, la interrupción y la polémica han conducido al conocido alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, al terreno de la justicia. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena contra el regidor por vulneración del derecho fundamental a la participación política de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Natalia González Benéitez.

La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, fechada el pasado 30 de mayo y aún no firme, desestima el recurso de apelación presentado por Jácome y le obliga a publicar íntegramente el fallo en la web del Concello y a proceder a su lectura en el primer pleno que se celebre tras la notificación judicial. Además, impone a la administración local el pago de 1.000 euros en concepto de costas procesales. El caso sigue abierto a recurso de casación.

Extralimitación

Los hechos se remontan a un pleno extraordinario celebrado el 26 de octubre de 2023. En aquella sesión, la concejala socialista fue interrumpida de forma reiterada por el alcalde mientras intervenía en el debate. Una actitud que el TSXG considera una “extralimitación” de las facultades de dirección que le confiere el reglamento, y que en ningún caso justifica la supresión del uso legítimo de la palabra de un miembro de la corporación.

Según el tribunal, “cuando los concejales están en su uso de la palabra, sin alejarse de la cuestión debatida y dentro del tiempo razonable”, el alcalde no puede ampararse en su autoridad para silenciar a quienes ejercen un derecho democrático. El fallo destaca además que la conducta de Jácome “no sólo impidió un debate sosegado, sino que supuso una verdadera negación del derecho de participación en el pleno”, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Española.

Regímenes autoritarios

Durante la vista, la letrada de la acusación particular, en representación de Natalia González, fue más allá al calificar lo sucedido como propio “de regímenes autoritarios y no de un Estado de Derecho”. También denunció que los plenos en el Concello de Ourense se celebran en un clima impropio de una institución democrática.

El tribunal comparte parte de ese diagnóstico y señala expresamente que “los términos y expresiones” dirigidos por el alcalde a la concejala, con quien llegó incluso a polemizar en el uso de la palabra, “no se corresponden con el respeto institucional que debe imperar en el seno de la administración pública”.

Tras conocer la decisión del TSXG, el Grupo Municipal del PSOE ha anunciado que promoverá de inmediato una reforma “necesaria y urgente” del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Concello de Ourense, con el objetivo de evitar nuevas vulneraciones del derecho de participación política y garantizar un desarrollo más respetuoso y democrático de las sesiones plenarias.