Galicia da un paso más en la protección de su personal sanitario con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de salud, una norma que eleva al máximo rango jurídico la lucha contra las agresiones y que introduce cambios relevantes tanto en el ámbito sancionador como en la prevención. La medida, impulsada por la Consellería de Sanidade, llega en un contexto de creciente preocupación por los episodios de violencia, tanto física como verbal, en el sistema sanitario.

El texto, aprobado hoy en el Parlamento gallego con el respaldo del PP y del PSdeG y la abstención del BNG y Democracia Ourensana, refuerza el marco legal para proteger a los profesionales, ampliando además el concepto de quién está amparado por la ley.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió durante el debate que la reforma supone “una firme declaración de apoyo y protección integral” hacia quienes sostienen el sistema sanitario, subrayando que “cada agresión es un hecho inaceptable”.

Más protección

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del concepto de profesional sanitario. La protección deja de limitarse al personal asistencial y se extiende a otros perfiles como administrativos, personal de admisión, inspección o transporte sanitario.

Así, Galicia será pionera al incluir sanciones específicas por agresiones a técnicos de emergencias sanitarias y del 061.

Además, la norma incorpora nuevas formas de violencia que no estaban contempladas de manera explícita, como el acoso digital o el ciberacoso. También se reconocen las agresiones que se producen fuera de los centros sanitarios.

Medidas prácticas

La reforma no se limita al endurecimiento de sanciones. Introduce también herramientas prácticas para proteger a las víctimas y prevenir nuevos incidentes. Entre ellas, destaca la posibilidad de cambiar al paciente infractor de profesional o incluso de centro sanitario. Asimismo, si el trabajador lo solicita, se garantiza su movilidad laboral como medida de protección.

Otra novedad es la regulación de las grabaciones en consulta: si un paciente registra imágenes o sonido sin consentimiento, el profesional podrá suspender la atención, dejando constancia en la historia clínica y garantizando, en todo caso, la asistencia.

La ley apuesta también por reforzar la prevención con la creación de un registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario y el desarrollo de un plan específico contra este tipo de situaciones.

Debate político

Durante el debate, tanto el PSdeG como el BNG han coincidido en señalar que la ley no aborda el origen del problema. Así, la diputada del PSdeG Elena Espinosa advirtió de que la norma “no ataca al problema de raíz” y aseguró que este “no se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención”.

En la misma línea, la diputada del BNG Montse Prado fue más crítica al señalar que la reforma “se queda en punir” y “no protege realmente a los profesionales”, insistiendo en que “las agresiones no se producen fuera de una realidad concreta: un sistema sanitario deteriorado, con profesionales al límite y listas de espera inaceptables”.

También el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, cuestionó el enfoque de la ley al considerar que introduce “medidas meramente coercitivas” y reclamó actuar sobre la Atención Primaria y las Urgencias para evitar estos episodios.

Desde el Grupo Popular, la diputada Encarnación Amigo defendió el texto asegurando que “ha habido diálogo y cesiones” y que la norma responde a una tendencia “preocupante” de agresiones.

Por último, intervino el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para agradecer a los grupos su compromiso y responsabilidad; una postura que ha puesto de manifiesto una “voluntad compartida para avanzar en la protección de las personas que sostienen cada día el sistema”.