Rueda estalla contra el pacto con ERC: “Se reparte primero a Cataluña y luego, si sobra, al resto”

El acuerdo de financiación anunciado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha encendido todas las alarmas en la Xunta de Galicia. Y también los micrófonos. El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha cargado con dureza contra un pacto que, según denunció este jueves, confirma la existencia de “una comunidad privilegiada sobre las demás” y deja a Galicia en la cola del reparto.

El acuerdo, avanzado por Junqueras, supondría unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña e incorpora el principio de ordinalidad, una vieja reivindicación del nacionalismo catalán. Para Rueda, el mensaje es tan claro como incómodo: “Lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un reparto para uno y después, lo que sobra, para los demás”.

El presidente gallego no se quedó ahí. A su juicio, el pacto es “una evidencia clarísima” del “sometimiento” de Sánchez al independentismo catalán con el único objetivo de “aguantar un poco más en La Moncloa”, aunque sea —añadió— “cediendo lo que haga falta”. Una dinámica que, en su opinión, perjudica de forma directa a comunidades como Galicia y quiebra los principios básicos del sistema autonómico.

Para explicar el alcance del acuerdo, Rueda recurrió a un símil doméstico: “Es como si quien paga más impuestos decide que esos impuestos se gasten solo en él. Y el resto, si tiene menos capacidad, no tiene derecho a beneficiarse”.

El presidente de la Xunta advirtió de que este nuevo modelo de financiación rompe los principios de solidaridad, equilibrio territorial e igualdad en la prestación de los servicios públicos, pilares —recordó— del Estado autonómico. “No tiene ningún sentido”, insistió, antes de lamentar que al jefe del Ejecutivo central “le da exactamente igual”.

Rueda calificó el acuerdo como “una cesión más” dentro de lo que definió como un “chantaje permanente” del independentismo al Gobierno central.

Un chantaje, añadió, cuyas consecuencias no las paga quien lo exige, sino el resto de comunidades autónomas. “El problema es que las consecuencias las sufrimos los demás”, subrayó, convencido de que “quién sabe cuántas cesiones quedan todavía por hacer”.