El príncipe Harry estaba últimamente crecido en sus numerosas batallas judiciales. Su guerra contra algunos medios sensacionalistas británicos se ha saldado con contundentes victorias. También aquella iniciada para obtener seguridad durante sus esporádicas estancias en Reino Unido, que tanto le preocupaba. Lo ha ganado todo frente a un juez. Pero ahora se le presenta un problema que quizá le sea difícil salvar con la misma eficiencia, pues ahora es él quien se sienta en el banquillo de los acusados. Al menos eso es lo que pretende la organización benéfica Sentebale, que ha presentado una demanda por difamación en su contra.

La institución ha presentado de manera formal el escrito de acusación ante el Tribunal Superior, como así adelantan este viernes desde ‘The Mirror’. En este documento no solo se señala al marido de Meghan Markle, también a Mark Dyer, íntimo amigo del príncipe, que fue también miembro de la organización de esta entidad que Harry fundó en 2006. Sentebale fue creada a modo de homenaje a la labor realizada por la princesa Diana de Gales en pro de los afectados por el virus del VIH en Lesoto y Botsuana.

El príncipe Harry, acusado de un delito de difamación

Dos décadas rezó en el organigrama, pero se bajó en 2025 tras un conflicto público contra la presidenta del consejo, Sophie Chandauka. Todo se complicó y estalló una guerra interna en la organización benéfica que le hizo romper lazos y salir huyendo. El hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra llegó a calificar como “devastadora” su batalla contra Sophie y las circunstancias que rodearon su salida del proyecto que apadrinó durante 20 años. El mes pasado se presentó ante el Tribunal Supremo la correspondiente demanda, aunque no se ha conocido el paso hasta ahora en la prensa británica.

Sophie Chandauka ya denunció ante el órgano regulador británico de organizaciones benéficas estar siendo víctima de un presunto acoso laboral. No solo culpaba al duque, también a otros fideicomisarios de la entidad. Se quejaba de cómo “el desencadenamiento de la maquinaria política de los Sussex” había afectado el normal funcionamiento de la organización. Esto no solo lo sufría ella como presidenta del consejo, sino también al resto de los 540 trabajadores a su servicio. Pero luego llegaron más feos públicos, como enterarse de la renuncia a su cargo por la prensa y no de manera oficial, lo que agravó su guerra interna.

“La Comisión ha identificado la falta de claridad en las descripciones de funciones y las políticas internas como la causa principal de las deficientes en la gestión de la organización benéfica. Constata que esta confusión exacerbó las tensiones, que culminaron en una disputa y en la dimisión de varios miembros del consejo de administración y de ambos mecenas fundadores”, se filtró. Pero ahora lo que se ha puesto en manos de la justicia es una demanda por supuesta difamación, términos de los cuales aún no se han conocido más detalles, pero que derivan de lo sucedido en este entuerto inicial.