La alcaldesa de Alicante declarará como imputada el 19 de octubre en el TSJCV

Castedo, que ha optado por no hacer declaraciones tras conocer la citación, figura como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, según han informado fuentes del TSJCV.

Ese mismo día también declarará como imputado en este mismo caso el exalcalde del PP y predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por idénticos supuestos delitos.

El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal"sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.

En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgencia.

Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10,00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi dos horas más tarde.

En esta pieza separada del caso Brugal, el titular del juzgado de instrucción alicantino, Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas"por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio, en declaraciones a EFE, que demostrará que "las imputaciones son falsas"y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara"."Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.