La narcopolítica devora América Latina

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato centrista a las elecciones presidenciales ecuatorianas, está relacionado con la corrupción que asola al país como a tantos otros de América Latina. Feroz crítico de la corrupción, el antiguo periodista Villavicencio había enviado al expresidente Rafael Correa –refugiado en Bélgica– al banquillo, donde fue condenado en rebeldía a ocho años de cárcel.

La comunidad internacional se apresuró a condenar el asesinato: Washington lo calificó de «detestable acto de violencia» y la Unión Europea de «atentado contra la democracia». Una vez más, la violencia contra los políticos supone una grave amenaza para el proceso electoral y la capacidad del pueblo para expresar su voluntad democrática. Una vez más, las razones de este asesinato han de buscarse en los entramados de la corrupción y el narcotráfico.

En los últimos años, Ecuador, antaño un oasis de paz en Suramérica, se ha enfrentado a una ola de violencia vinculada al narcotráfico que, en pleno proceso electoral, ya ha provocado la muerte de un alcalde y un candidato al Parlamento ecuatoriano.

Más allá de este atentado en Ecuador, ¿cómo entender el recrudecimiento de la violencia que amenaza a las instituciones democráticas y a los políticos latinoamericanos? América Latina es la región más violenta en términos de tasas de homicidio. Su tragedia radica en que se trata de una región sin conflictos externos (ningún país está en estado de guerra), pero minada por el malestar interno. El Salvador, Venezuela y Honduras registran las tasas de homicidio más elevadas. Cada año mueren de forma violenta más de 20.000 personas en México y más de 50.000 en Brasil.

La geografía es una de las principales razones por las que América Latina se ha convertido en un foco mundial de delincuencia. Con tres de los mayores países productores de cocaína del mundo –Colombia, Perú y Bolivia–, así como los principales puntos de exportación de cocaína a Europa y EE UU, la región ha desempeñado un papel clave en los mercados clandestinos de la droga durante más de 40 años. Mientras que Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes del narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que antes se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos.

Muchos factores han contribuido a la inseguridad pública real o percibida. La producción de drogas ha alcanzado volúmenes sin precedentes y las nuevas rutas rentables para el narcotráfico en Paraguay y Argentina también están desempeñando un papel importante. La mayoría de los delitos están relacionados con bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y al robo, que se enfrentan en guerras territoriales.

Según la ONU, hay cerca de 70.000 narcotraficantes repartidos entre 900 bandas diferentes. Además, algunas guerrillas siguen activas, como en Colombia, Perú y Paraguay. En muchos casos, se trata de una guerra que no lleva su nombre, en la medida en que enfrenta a Estados limitados y a veces fallidos de países en desarrollo con organizaciones (cárteles, guerrillas, maras) que prosperan en zonas pobres.

Las dificultades económicas generalizadas en América Latina, que se agudizaron especialmente durante la pandemia, han empujado a un mayor número de personas hacia la delincuencia organizada. La prevalencia de la corrupción en la región también ha permitido el arraigo de una serie de mercados clandestinos. Estos mercados no se limitan al tráfico de drogas: las redes delictivas están implicadas en la trata de seres humanos, el robo de combustible, la tala y la minería ilegales y la extorsión. Algunas organizaciones intentan no sólo reforzar su influencia sobre los partidos políticos, las instituciones gubernamentales y las empresas legales, sino también consolidar su control sobre las comunidades con nuevos reclutas y simpatizantes, al tiempo que amplían su base geográfica.

Sin embargo, este panorama un tanto apocalíptico presenta algunos matices. En primer lugar, la violencia se concentra en determinados «polos», como Centroamérica y los grandes suburbios costeros de Brasil: parece estar surgiendo una «diagonal de la violencia» desde Ciudad de México a Río de Janeiro. Países del Cono Sur como Argentina y Chile no presentan niveles de violencia tan elevados. Es más, las guerrillas del continente suramericano son cada vez más residuales por la disminución de su capacidad de acción.

La lucha contra el narcotráfico y la reducción de las desigualdades sociales son dos de las claves para reducir la violencia en Suramérica. Estas dos cuestiones se han visto agravadas por la crisis económica que afecta al continente. La UE y España en particular han de cooperar en esta lucha porque este fenómeno criminal puede contribuir a una desestabilización regional con consecuencias en términos de ramificación europea de la «narcopolítica Latam».

Frédéric Mertens de Wilmars es profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia