Donald Trump vuelve a hacer lo que mejor domina: lanzar una promesa de impacto inmediato, sencilla en su formulación y colosal en sus implicaciones. Esta vez, el presidente estadounidense ha puesto sus ojos —y su discurso— sobre el petróleo venezolano, el mayor reservorio de crudo del planeta, con una idea tan ambiciosa como provocadora: utilizarlo para abaratar la energía en Estados Unidos y, eventualmente, reducir a la mitad las facturas eléctricas de los hogares norteamericanos.

El planteamiento, filtrado por medios como The Wall Street Journal y respaldado por declaraciones públicas del propio Trump, parte de una premisa clara: si Washington logra controlar de forma sostenida la producción y comercialización del crudo venezolano, podría inundar el mercado, empujar el precio del barril hacia los 50 dólares y aliviar el bolsillo del consumidor estadounidense. En un país donde el coste de la energía es un asunto electoral de primer orden, la propuesta tiene un evidente atractivo político. Otra cosa es su viabilidad real.

El contexto internacional, de entrada, no parece jugar del todo a favor del presidente. El mercado petrolero global atraviesa una etapa prolongada de debilidad. En 2025, los precios cayeron cerca de un 20%, la mayor contracción anual desde la pandemia, y por primera vez se encadenaron tres años consecutivos de pérdidas. El mundo, en términos simples, ya está inundado de crudo. Añadir más petróleo no garantiza, por sí solo, una bajada sostenida de precios; puede incluso agravar desequilibrios y tensiones dentro de los países productores.

Sin embargo, Trump no piensa solo en el mercado. Piensa, sobre todo, en el poder. Según altos funcionarios de su administración, el plan incluye desplazar a Rusia y China de Venezuela y convertir el hemisferio occidental en una suerte de bastión energético bajo influencia estadounidense. Controlar el petróleo venezolano no sería solo una herramienta económica, sino una palanca geopolítica para debilitar a adversarios estratégicos y reforzar la primacía de Washington en su “patio trasero”.

La Casa Blanca ya ha dado pasos en esa dirección. Esta semana confirmó que Estados Unidos controlará “indefinidamente” las ventas de crudo venezolano y que ha reclamado unos 50 millones de barriles actualmente bloqueados en buques y depósitos. Ese petróleo, valorado en hasta 3.000 millones de dólares, será comercializado en mercados internacionales, con los ingresos depositados en cuentas controladas por el Gobierno estadounidense. Oficialmente, el dinero se usará “en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo estadounidense”. En la práctica, será Washington quien decida.

Trump fue aún más explícito en su red Truth Social: Venezuela, dijo, utilizará los ingresos del nuevo acuerdo petrolero exclusivamente para comprar productos fabricados en Estados Unidos. Energía a cambio de manufacturas, bajo supervisión norteamericana. Un trueque del siglo XXI con aroma a doctrina Monroe.

El problema es que entre el anuncio y la realidad se extiende un abismo técnico, financiero y político. Venezuela produce hoy alrededor de un millón de barriles diarios, menos del 1% de la demanda global y muy lejos de los tres millones que bombeaba en sus mejores años. Elevar esa cifra exigiría inversiones multimillonarias, modernización de infraestructuras obsoletas y una estabilidad política que el país no ha conocido en décadas.

Extrema cautela entre las petroleras

Trump ha prometido que las grandes petroleras estadounidenses regresarán al país y gastarán miles de millones para reactivar la industria. Pero las propias empresas —entre ellas Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips— observan el escenario con cautela extrema. Ejecutivos del sector han dejado claro que no invertirán sin “garantías serias” y estables por parte de la administración. El temor no es técnico, sino político: que una decisión presidencial, o incluso un tuit, cambie las reglas del juego de la noche a la mañana.

Un inversor especializado en energía fue más gráfico al Financial Times: nadie quiere entrar en un país donde “un maldito tuit puede cambiar toda la política exterior”. El comentario resume el dilema central del plan Trump: su éxito depende de una confianza que su propio estilo de gobierno erosiona.

Desde el punto de vista del consumidor estadounidense, además, la ecuación es menos directa de lo que sugiere el discurso presidencial. El precio del barril influye en la gasolina y en parte de la factura eléctrica, pero no determina por sí solo el coste final. Impuestos estatales, redes de distribución, mix energético y contratos a largo plazo pesan tanto o más que la cotización diaria del crudo. Pensar que un petróleo a 50 dólares se traducirá automáticamente en facturas a la mitad es, en el mejor de los casos, optimista; en el peor, engañoso.

La dimensión internacional del plan añade más fricciones. Rusia ya ha protestado formalmente por la incautación de un petrolero de bandera rusa vinculado a Venezuela, calificando la acción estadounidense de “grave violación del derecho marítimo”. Moscú considera ilegítimas las sanciones occidentales y observa con alarma la pretensión de Washington de monopolizar las ventas de crudo venezolano.

China, el elefante silencioso

China, por su parte, es el elefante silencioso en la sala. Durante años ha sido uno de los principales socios energéticos de Caracas. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ha sido claro: Estados Unidos no permitirá que Venezuela se convierta en un “Estado cliente” de Pekín. Admite cierto margen de comercio, pero siempre bajo una relación principal con Washington. Un mensaje que, en términos diplomáticos, equivale a una línea roja.

No todos observan este movimiento solo desde la geopolítica. Expertos en derecho internacional y relatores de Naciones Unidas han advertido que la pretensión estadounidense de controlar indefinidamente el petróleo venezolano vulnera el derecho a la autodeterminación del país sudamericano. La Administración Trump, sin embargo, parece poco dispuesta a dejarse frenar por consideraciones legales internacionales si estas chocan con sus objetivos estratégicos.

En el propio Estados Unidos, el plan también genera resistencias. El Senado se prepara para debatir una resolución que limitaría cualquier acción militar adicional relacionada con Venezuela sin autorización explícita del Congreso. Incluso algunos republicanos expresan incomodidad ante la deriva del conflicto y el riesgo de una escalada que vaya más allá del terreno económico.

Dos planos

Así, el plan petrolero de Trump se mueve entre dos planos. En el primero, el del titular, ofrece una solución simple a un problema complejo: petróleo barato, energía barata, votantes satisfechos. En el segundo, el de la realidad, aparece como una operación de alto riesgo, cargada de incertidumbres y costes ocultos. Reactivar la industria venezolana no es cuestión de voluntad política, sino de años de inversión y estabilidad. Controlar el mercado global no depende solo de Washington, sino de la reacción de otros productores, incluidos los países de la OPEP+, que difícilmente aceptarán pasivamente una estrategia diseñada para hundir los precios.

Al final, la gran pregunta no es si Trump puede usar el petróleo venezolano para abaratar la energía en Estados Unidos, sino si realmente le interesa hacerlo más allá del impacto mediático. La historia reciente sugiere que, para él, el anuncio suele ser tan importante como el resultado. En ese sentido, el plan petrolero encaja a la perfección con su estilo: una promesa rotunda, un enemigo externo claro y la promesa implícita de que América volverá a ganar.

Que las facturas eléctricas se reduzcan a la mitad es, por ahora, más una consigna de campaña que una conclusión económica. El petróleo venezolano puede ser una pieza del tablero, pero no la varita mágica que Trump presenta. Como tantas otras veces, el tiempo dirá si estamos ante una jugada estratégica de largo alcance o, simplemente, ante otro gran titular diseñado para dominar el ciclo informativo.