Reino Unido busca alinearse con las normas del mercado único de la UE en un nuevo acercamiento

El Gobierno de Keir Starmer quiere volver a acercarse a las reglas del mercado único europeo para aliviar el peso económico del Brexit. Con ese objetivo, prepara una ley que le permitirá alinearse con normativas de la UE en sectores clave como la alimentación o las emisiones. Eso sí, lo quiere hacer mediante legislación secundaria, un mecanismo que limita la capacidad del Parlamento, abriendo así un nuevo frente político sobre el control real de Westminster en esta redefinición de la relación con Bruselas.

Los ministros tienen previsto presentar la legislación el próximo mes de mayo. Pero, conscientes de los obstáculos que planteó el Parlamento durante las arduas negociaciones de divorcio, el plan ahora es que estas medidas se aprueben a través de legislación secundaria, que no puede ser modificada y que, por lo general, se ratifica sin una votación formal de los diputados. Este tipo de facultades se conoce como "poderes Enrique VIII".

Estrechar lazos con la UE

Starmer y la ministra de Economía, Rachel Reeves, han dejado clara su intención de estrechar los lazos con la UE para impulsar el crecimiento económico y reducir las barreras comerciales. Se espera que uno de los proyectos de ley incluya poderes que permitirán al Ejecutivo alinearse dinámicamente con Europa en acuerdos ya pactados. Entre ellos figuran los estándares de alimentos y bebidas --en negociación desde mayo del año pasado dentro de un acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS)-- y el sistema de comercio de emisiones (ETS).

El objetivo es que ambos acuerdos se cierren este verano, coincidiendo con la segunda cumbre prevista para finales de junio o principios de julio entre el Reino Unido y la UE, en línea con la hoja de ruta marcada por los laboristas tras su llegada al poder en 2024, cuando Starmer prometió reconstruir los vínculos con Bruselas tras los años más turbulentos del Brexit.

Las críticas no se han hecho esperar. Andrew Griffith, portavoz de Empresa de la oposición conservadora, denunció que "un Parlamento reducido a espectador mientras Bruselas fija las condiciones es exactamente lo que el país rechazó". A su juicio, la estrategia responde a la "nefasta gestión económica" del Gobierno y supone un intento de desviar la atención. "Los laboristas siguen luchando contra el referéndum porque no aceptan la decisión democrática del pueblo británico", afirmó.

El acuerdo será sometido a escrutinio

Desde el Ejecutivo defienden que el proyecto de ley seguirá el procedimiento parlamentario habitual y que cualquier acuerdo con la UE será sometido a escrutinio. "Esto nos permitirá cerrar un acuerdo comercial en alimentos y bebidas valorado en 5.100 millones de libras al año, apoyando el empleo británico y reduciendo la costosa burocracia para agricultores, productores y empresas", sostienen fuentes oficiales.

El acuerdo veterinario SPS pactado en la cumbre entre Londres y Bruselas de 2025 devolverá de facto al país al mercado único en alimentos y agricultura, mientras que un pacto sobre comercio eléctrico —aún en negociación— apunta a una integración parcial en el ámbito energético. Todo ello se ha conseguido sin aceptar las "cuatro libertades" comunitarias, incluida la libre circulación de personas, una línea roja para el Gobierno laborista. En ambos casos, el factor decisivo ha sido el interés compartido de empresas británicas y europeas en reducir fricciones comerciales.

La incógnita es hasta dónde puede estirarse este modelo. Algunos sectores —químicos, cosméticos, dispositivos médicos o incluso el automóvil— podrían beneficiarse de una mayor convergencia regulatoria. Pero no todos los Estados miembros comparten el mismo interés, y algunos han aprovechado el Brexit para ganar cuota de mercado a costa de las empresas británicas.

Además, incluso cuando hay acuerdo político, la negociación puede atascarse en los detalles. Francia, entre otros, ha mantenido una línea dura, y la participación británica en determinados programas se ha visto condicionada a contribuciones financieras elevadas. Un ejemplo es el fallido intento de Londres de sumarse al programa europeo de préstamos para el rearme (SAFE), frustrado por las exigencias económicas.

También el acuerdo eléctrico se complica: varias capitales han introducido nuevas condiciones, como una aportación británica a los fondos de cohesión, lo que añade otro punto de fricción. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza en la etapa post-Brexit: hasta qué punto el Ejecutivo puede redefinir la relación con la UE mediante procedimientos técnicos, y cuál debe ser el papel real del Parlamento en ese proceso.

El debate, lejos de cerrarse, apunta a intensificarse en los próximos meses. Porque, aunque el Brexit se presentó como un punto final, iniciativas como esta sugieren que, en realidad, fue solo el inicio de una negociación mucho más compleja sobre el lugar que el Reino Unido quiere ocupar en Europa.