Cerdá, ex concejal socialista, implica a Sara Hernández (PSOE) en un caso de malversación

Cerdá ha declarado ante la policía que “fue la alcaldía quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia” de la empresa pública que pagó los 60.000 euros de dinero público ahora investigados

Las pesquisas abiertas por la Policía Nacional en el marco del llamado ‘caso Ganga’ apuntan a la socialista Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.

Según ha podido conocer LA RAZÓN, la concejal no adscrita Mónica Cerdá había implicado a Hernández en este asunto. Lo hizo el pasado 9 de marzo, fecha en la que compareció en sede policial en calidad de ‘investigada no detenida’ para prestar declaración en el marco de una investigación por malversación.

De conformidad con el atestado de la Policía que obra en poder de LA RAZÓN, Cerdá eludió cualquier responsabilidad en este asunto y dijo que en este caso concreto “fue la alcaldía quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia (de GISA)” debido a que la presidencia de Consejo de Administración de la empresa pública, que recae en la alcaldesa, “era el órgano competente para ello”, según admitió.

Cerdá fue citada a declarar porque en septiembre de 2015, fecha en la que se aprobó el pago de la indemnización a Ganga, ella era la consejera delegada de GISA

El gerente de Gisa, persona de la máxima confianza de la alcaldesa y que también se encuentra imputado en la causa, fue requerido para prestar declaración por la Policía el pasado 5 de marzo, acogiéndose a su derecho a no declarar.

La confesión de la edil no adscrita, que fue expulsada del PSOE, pone en un serio aprieto político y judicial a Sara Hernández, cercada por un caso que se inició a raíz de una querella interpuesta por el Partido Popular de Getafe.

El Juzgado nº 7 de Getafe investiga en el marco de las Diligencias Previas 314/2017 el abono de 60.000 euros al letrado Alberto Ganga, quien saltó a la fama al declarar contra Ciudadanos en el marco de la Comisión de Financiación de Partidos Políticos del Senado. Ganga habría percibido dicha cantidad de dinero público en concepto de indemnización por despido, pese a haber trabajado sólo 29 días en la empresa municipal GISA y haberlo hecho en período de pruebas.

El abogado también declaró en calidad de investigado no detenido ante la Policía el pasado 28 de febrero. Ganga ha comunicado a LA RAZÓN que ha presentado recurso de reforma contra la decisión de su imputación, afirmando que el tipo penal de malversación de caudales públicos solo sería aplicable a funcionario o empleado público, careciendo él de dicha condición.